Autor: Redacción

Una investigación trasnacional de Ojo Público, de Perú, en alianza con equipos periodísticos de cinco países, que revela las cifras y casos más graves del tráfico del patrimonio cultural de América Latina…

En septiembre del 2010, la casa de subastas Lempertz, la más antigua de Bélgica y una de las más prestigiosas de Europa, anunció la venta de un lote que disparó las alertas de siete embajadas latinoamericanas acreditadas en Bruselas. El catálogo estaba lleno de piezas precolombinas que Perú, Costa Rica, Guatemala, México, Colombia, Ecuador y Bolivia reconocieron como parte de su patrimonio cultural. Agotadas las gestiones ante Interpol y la policía local, los agentes de esos países solicitaron una reunión de urgencia con la Cancillería belga. Esperaban una reunión tensa, como había ocurrido meses antes a raíz de otra subasta, pero el ministro que los recibió les tenía una noticia alentadora: Bélgica acababa de ratificar la Convención de la Unesco de1970 que busca controlar la importación, exportación y el tráfico de bienes culturales en el mundo, y estaba decidida a cumplirla. El único problema era que cada país debía presentar evidencias previamente documentadas de que las piezas le pertenecían, que además habían sido robadas, y, sobre todo, que existía una causa judicial que las reclamaba. Todo, cuando faltaban apenas tres días para la venta.

Tras la reunión se iniciaron intensas coordinaciones entre las embajadas y sus cancillerías para conseguir esas evidencias. “Sin ellas, es imposible que el Gobierno belga pueda hacer algo para detener esta subasta”, reportó el encargado de negocios de Guatemala desde Bruselas, según documentos del caso que por primera vez salen a la luz como parte del proyecto Memoria Robada, un esfuerzo periodístico que ha comprendido la revisión de expedientes judiciales, alertas de robos, informes técnicos, reportes secretos y entrevistas en seis países, para develar los mecanismos trasnacionales del tráfico de patrimonio cultural en América Latina.

Los documentos fueron obtenidos y analizados, a iniciativa de OjoPúblico, por una alianza de equipos periodísticos integrada por La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Animal Político (México) y Chequeado (Argentina).

Uno de esos reportes señala que el mismo día de la reunión de los diplomáticos latinoamericanos en la Cancillería belga, un vocero de la casa de subastas se comunicó para explicar su postura. “Nos aseguró que la Casa Lempertz es respetuosa de la ley, y que antes de cada subasta se cercioran de que las piezas a vender no sean robadas”, informó el diplomático centroamericano. El vocero de Lempertz dijo que sus procedimientos incluían enviar a la policía una lista de los objetos que se iban a subastar, y que a los propietarios se les pedía firmar una declaración jurada sobre su procedencia legal. El formato del documento –revisado para esta investigación– tiene apenas media página con tres preguntas basadas en la palabra del declarante. No requiere más prueba documental que una lista adjunta sobre los objetos a consignar para la venta.

A pesar de los esfuerzos, ninguna de las embajadas pudo demostrar a tiempo el origen ilícito de las piezas. La Cancillería belga se declaró sin competencia para intervenir en el caso. La subasta se realizó de todos modos el 11 de septiembre del 2010.

Era al menos el segundo esfuerzo de varios países latinoamericanos para detener la venta de bienes del patrimonio cultural de la región en un mismo año, según se desprende de los reportes examinados. Ocho meses antes, las embajadas de Perú, México, Ecuador y Bolivia habían reclamado por otra subasta de la misma Casa Lempertz, que anunciaba piezas precolombinas procedentes de “un museo privado europeo”. En el lote había piezas de las culturas Chavín, Tlatilco, Tumaco y Tiahuanaco, entre otras. “Varios de los objetos contenidos en el catálogo de la subasta pertenecen a la Lista Roja de Bienes Culturales Latinoamericanos en Peligro del Consejo Internacional de Museos (ICOM)”, advertía la carta remitida por las cuatro embajadas en conjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica. El esfuerzo fracasaría por la misma causa.

Ambos incidentes desvelan las coartadas del mercado global de bienes saqueados de América Latina. Tan solo entre el 2008 y el 2016, las principales casas de subastas de Europa y Estados Unidos pusieron a la venta más de 7 mil objetos del patrimonio arqueológico del Perú. En un lapso parecido, entre el 2010 y el 2016, las autoridades de Costa Rica detectaron la venta de reliquias de su pasado en al menos 23 subastas, y las de Guatemala en 26 ocasiones, según reportes oficiales obtenidos para esta investigación en cada país. El volumen de piezas latinoamericanas vendidas a coleccionistas de las principales capitales del mundo es incluso mayor que los 4 mil 907 objetos culturales que la Interpol busca ahora como robados en todo América del Sur, Centroamérica y México.

Es lo que se llamaría un museo desaparecido. —En alusión al libro “El museo desaparecido”, del periodista y escritor portorriqueño Héctor Feliciano, que revela el saqueo de arte organizado por los nazis en Francia a mediados del siglo XX—.

Este panorama –reconstruido con documentos, bases de datos y fuentes directas–echa luces sobre episodios ocurridos a lo largo de todo el continente americano, y resalta además la ruta que liga a los países con mayor patrimonio cultural del continente y los centros del mercado anticuario internacional, como escala del tránsito de bienes robados hacia algunas de las instituciones académicas y centros de investigación más importantes del mundo.

Las rutas del tráfico

nicios de julio del 2014, la oficina de Interpol de Lima envió el mensaje N°6608 a la filial de la organización en San José, Costa Rica. Tenía el carácter de ‘Urgente’. Los agentes limeños reportaban que “existiría una posible red de tráfico de bienes culturales peruanos que habrían salido de forma ilícita de nuestro territorio hacia su país, para luego ser trasladados a los Estados Unidos de América”. La alerta provenía de información obtenida por el Ministerio de Cultura del Perú y daba detalles precisos sobre las piezas robadas, los personajes involucrados y su paradero: el mensaje pedía intervenir a dos ciudadanos peruano-estadounidenses llamados Juan e Ingrid Bocanegra, propietarios de un local en el centro comercial La Paco, en el exclusivo San Rafael de Escazú, una zona de hoteles de lujo, condominios y edificios corporativos de la capital costarricense. Se presumía que allí tenían escondido un grupo de valiosas obras de arte buscadas desde Lima.

El lote consistía en unas cuarenta pinturas entre las cuales había nueve ejemplares de la Escuela Cusqueña, la corriente de arte colonial más famosa de los Andes, con marcos tallados en caoba y cedro y enchapados en pan de oro. El grupo también incluía “muchos más óleos enrollados”, agregaba el reporte. Las pinturas no podían haber salido de manera regular, pues hubieran requerido un ‘Certificado de exportación de bienes no pertenecientes al Patrimonio Cultural’, emitidos por el Ministerio de Cultura de Perú. En los siete años previos, el ministerio apenas había otorgado 11 certificados de esa naturaleza con destino a Costa Rica. Ninguno coincidía con las piezas bajo sospecha. Según el análisis de inteligencia, el cargamento iba a ser enviado a tres direcciones en Washington, Miami e Indianápolis. Una de esas pinturas era un retrato de la Virgen de las Mercedes, la patrona de los reclusos.

Según los registros migratorios de San José, Juan e Ingrid Bocanegra –de 79 y 73 años, respectivamente – han visitado Costa Rica indistintamente unas diez veces en los últimos dos años. Suelen identificarse tanto con sus pasaportes peruanos como con los estadounidenses. La última vez que Juan Bocanegra ingreso al país fue el 29 de junio pasado. Se marchó casi un mes después.

La ruta costarricense del tráfico global de patrimonio cultural se confirmó con otro episodio ese mismo año, cuando las autoridades aduaneras de Washington intervinieron un paquete sospechoso que había sido enviado por correo expreso desde San José. Era un tubo de cartón que supuestamente contenía un documento valorizado en apenas un dólar. Cuando la policía revisó el contenido, encontró que en realidad era una pintura con la imagen de un arlequín pintada en técnica gouache sobre papel. Tenía la firma de Pablo Picasso. En el mismo tubo había  un documento de autenticidad que además confirmaba su verdadero valor: más de 70 mil dólares.

Entonces se hicieron coordinaciones reservadas entre las autoridades policiales de ambos países para atrapar al traficante que había enviado el paquete. Cuando la policía de Costa Rica allanó el condominio indicado como dirección del remitente, solo encontró a un extrabajador jubilado del Poder Judicial. Habían falsificado su identidad. El cuadro de Picasso sigue decomisado en la Aduana de Washington. Nadie se ha presentado a reclamarlo.

“Las fronteras de Centroamérica son muy permeables”, dice Monserrat Martell, especialista del programa de Cultura de la Unesco en San José. “En las aduanas y los aeropuertos hay muchísima corrupción. Por mucho que formemos al personal, si hay corrupción endémica jamás se detectarán las piezas”, señala.

Costa Rica es uno de los países latinoamericanos que ha reportado menos bienes culturales robados a la Interpol: apenas veinte. En su mayoría son pinturas de diferentes épocas, que paradójicamente no están protegidas por la ley local de patrimonio. Esta norma solo considera la protección de los objetos de origen precolombino. Apenas dos piezas de ese tipo son buscadas con un requerimiento internacional de Costa Rica: un metate de piedra y una vasija de cerámica de la provincia de Guanacaste, uno de los más importantes centros de las culturas prehispánicas centroamericanas. Esto, a pesar de que en los últimos años las autoridades de San José detectaron unos 214 objetos precolombinos que iban a ser subastados en casas de Europa y Estados Unidos. El Museo Nacional de Costa Rica no tuvo éxito en reclamarlos debido a que no pudo demostrar su origen con documentos.

La paradoja del caso es que el personaje a quien se considera uno de los mayores traficantes del patrimonio prehispánico en la historia de América Latina es un hombre nacido en Costa Rica. Se llama Leonardo Patterson y vive refugiado en Alemania. En su momento, fue reclamado por las autoridades de Perú, Guatemala y México por la venta ilegal de cientos de piezas arqueológicas, desde objetos de cerámica hasta piezas de oro de valor incalculable. Si nunca fue condenado por este delito, no fue por falta de evidencias, como demuestra un reportaje de que es parte de esta investigación. Patterson es la prueba de que en América Latina es más fácil atrapar a un narco que a un presunto traficante de arte.

Lazos criminales

A fines de noviembre del 2015, una operación policial para capturar a un narcotraficante alertó a las autoridades de Guatemala los nuevos lazos del robo de arte con otros círculos del crimen organizado. La fiscalía había ordenado la captura de un sujeto llamado Raúl Arturo Contreras Chávez, de 43 años, sobre el que pendía un pedido de extradición de Estados Unidos. Contreras, un tipo de contextura robusta y expresión dura, era investigado por el Departamento del Tesoro como integrante de una red que enviaba cocaína a EE.UU. desde el 2004. Según el expediente de la fiscalía de Miami –revisado para el proyecto Memoria Robada–, la organización estaba integrada por quince personas, entre las que había también cuatro libaneses y varios colombianos. El día que lo atraparon, Contreras estaba en una residencia semivacía al oeste de la Ciudad de Guatemala. No tenía droga, pero guardaba varias obras de arte escondidas en diversos muebles.   

Ese día la policía contó 24 piezas, entre ellas 12 pinturas de la época colonial y 12 estatuillas religiosas. Algunas imágenes lucían el marco original de pan de oro que tenían al momento del robo. El equipo de peritos del Departamento de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales –una oficina de tres empleados en el Ministerio de Cultura guatemalteco– determinó que 11 de esas obras proveían de un asalto ocurrido seis meses antes en la Fundación para las Bellas Artes (Funba), en la Antigua Guatemala, por una banda armada que se apoderó de cientos de objetos de plata y pinturas antiguas. Las otras dos piezas que aparecieron con la captura del narco estaban reportadas como robadas de un museo de Honduras. La Fiscalía no estableció si Contreras había participado en la organización de esos asaltos. Tampoco se sabe qué pasó con las piezas que siguen perdidas.

Un vínculo posible está en el caso de las seis pinturas de “La Pasión de Cristo” arrancadas de un templo por otro grupo armado un año antes del robo en la Funba. Durante la investigación, tanto la Fiscalía como el Ministerio de Cultura de Guatemala obtuvieron la versión de que el robo había sido encargado por un narcotraficante de mucho poder. Un informante incluso llegó a dar la pista de que las obras habían seguido el camino inverso hasta Honduras. Sin embargo, en cierto momento el informante desapareció y con él una posibilidad de recuperar esas piezas, que figuran entre los 333 bienes que la Interpol busca en el mundo como parte del patrimonio cultural robado en Guatemala.

Las autoridades de Centro América tienen ideas encontradas sobre la conexión entre el narcotráfico y el tráfico de patrimonio cultural. “Como los narcos no saben cuál es el valor real de estas piezas, pagan lo que les pidan”, dice Eduardo Hernández, del Ministerio de Cultura de Guatemala. El fiscal Rolando Rodenas no cree que el arte sirva para lavar dinero del narcotráfico. Por el contrario, en Costa Rica se considera que el patrimonio cultural es una coartada para otros negocios ilícitos. “Ellos compran arte y antigüedades porque les ayuda a lavar su dinero y legalizarlo adquiriendo piezas apetecidas, que, ya limpias, pueden colocar luego en el mercado internacional”, explica Monserrat Martell, especialista de la Unesco en San José.

El vínculo ha sido bien documentado en un caso que vincula a Colombia y Brasil.

En agosto del 2007, una operación que involucró a policías de seis países permitió la captura en Sao Paulo de Juan Carlos Ramírez Abadía, un narcotraficante colombiano que tenía un pedido de extradición de Estados Unidos por exportar cocaína y por el asesinato de quince personas. Ramírez Abadía era un líder del cártel de Cali conocido por su carácter violento y sus gustos excéntricos. Había construido una compleja trama de empresas de fachada y propiedades en la que participaban sus dos hermanastros y, según su declaración, algunos españoles. “Me llamaba la atención que los traficantes tenían muchas obras de arte”, recuerda desde su despacho en Sao Paulo el juez Fausto Martin de Sanctis, quien vio la causa y estableció que todas las propiedades de Ramírez Abadía debían ser consideradas como producto de su actividad criminal. Eso incluía quince pinturas y grabados de artistas brasileños, con un valor de 4 millones de dólares, que fueron enviadas en custodia temporal al Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad.

De Sanctis, autor un libro titulado “Money Laundering Through Art” (“Lavado de dinero a través del arte”), es un magistrado famoso por investigaciones que han llevado a prisión desde personajes vinculados al crimen organizado hasta miembros de la elite empresarial de Brasil. Uno de esos casos involucró al banquero brasileño Edemar Cid Ferreira, quien llegó a coleccionar más de mil obras de arte de manera sospechosa. “Él no era un conocedor, no tenía reputación en el mercado del arte, pero empezó a comprar y comprar, a precios imposibles”, dice el juez. En el 2006 Ferreira fue condenado a prisión por delitos financieros y de lavado de dinero. La incautación de sus obras de arte requirió la participación de varias agencias de seguridad en cuatro países.

La complejidad de los casos de lavado de dinero a través del arte y otras variantes motivó al juez De Sanctis a desarrollar un procedimiento llamado “venta anticipada de bienes”, que permite enviar a remate las propiedades de un acusado aún antes de que se dicte sentencia. “Si al final, el procesado es absuelto, se le devuelve el dinero. Si es condenado, el dinero pasa a una cuenta del Estado”, explica el magistrado. Este procedimiento permitió enviar a subasta las propiedades del narco Juan Carlos Ramírez Abadía. También permitió la incautación de más de 200 obras de arte como parte de las investigaciones por el Caso Lava Jato, uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos en América Latina.

La suerte ha sido distinta para otros implicados en tramas de tráfico de patrimonio cultural ligado a la corrupción en la región. El caso más evidente es el de Mateo Goretti, un politólogo italiano a quien las autoridades argentinas investigan por presunto lavado de activos y que también ha sido investigado por encubrimiento agravado en un caso de robo de bienes culturales. En abril del 2012, la Interpol intervino el domicilio de Goretti a pedido de la Fiscalía, que perseguía una pista. Allí los agentes incautaron un lote de 58 piezas arqueológicas cuya condición de patrimonio no debía ser desconocida para Goretti, un experto en el arte prehispánico con varios libros publicados sobre el tema. Las pericias confirmaron que las piezas eran parte de una colección robada cuatro años antes de un museo de la provincia de Córdoba. El politólogo asegura haberse librado de la causa, pero una revisión del caso que será publicada como parte de esta investigación demuestra que eso no es cierto.

Anticuarios y museos

Una mañana de septiembre del 2015, el embajador del Perú en Buenos Aires se presentó con una comitiva a un almacén lleno de cajas con bienes culturales incautados por la policía. En el lugar fue recibido por funcionarios del gobierno argentino y especialistas del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INALP), que habían estado a cargo de la catalogación de un  lote con 4.150 piezas. El conjunto incluía desde vasijas de cerámica e instrumentos musicales de hueso hasta una larga tela precolombina de rayas marrones y azules que los diplomáticos peruanos vieron con sorpresa, como si se tratara de un santo sudario. En realidad, eran las piezas de un tesoro que terminaba de confirmar el eje Lima-Buenos Aires como una de las rutas más importantes del tráfico de bienes culturales en América Latina. En el mismo recinto quedaron piezas que pertenecían al patrimonio cultural de Ecuador.

Los objetos eran la evidencia incautada a Néstor Janeir, un anticuario de la capital argentina que no figura en las listas internacionales de traficantes, pero a quien en su momento se abrieron causas judiciales en Lima y Buenos Aires por el presunto delito de tráfico de patrimonio cultural. Por el volumen y el valor histórico de las piezas devueltas –que fueron embaladas en más de cincuenta cajas de cartón– es la mayor recuperación de bienes exportados ilícitamente en la historia del Perú y una de los mayores del continente.

       [ Repatriación en Argentina [Interpol] ]

El Caso Janeir no es la única evidencia del trayecto ilícito que involucra a los anticuarios de Buenos Aires. Las autoridades del Perú mantienen abierta una investigación iniciada en el 2012 a raíz del hallazgo de una joya bibliográfica robada de la Biblioteca Nacional de Lima en una biblioteca de Washington que pertenece a la Universidad de Harvard. Se trataba de un valioso manuscrito religioso del siglo XVIII, escrito en quechua, de cuya pérdida no se tenía noticia hasta que una académica francesa llamada Isabel Yaya lo encontró mientras revisaba documentos en Dumbarton Oaks, un centro de investigación especializado en estudios bizantinos y del periodo pre-colombino. Un instituto famoso por su colección de libros raros, con más de diez mil volúmenes.

Yaya comunicó el hallazgo a un colega suyo en París, el académico Cesar Itier, un experto en el idioma quechua de la época colonial que conoce a la perfección ese tipo de materiales. Itier reconoció el libro: lo había estudiado en Lima diez años antes, e incluso guardaba una fotocopia en sus archivos personales. Con esa imagen como prueba, el académico alertó de inmediato a la biblioteca de Washington y a las autoridades de Lima. Entonces se descubrió que Dumbarton Oaks había comprado el ejemplar a un anticuario de la capital argentina, su proveedor de materiales raros durante casi veinte años. El anticuario había puesto el documento a la venta en su catálogo del 2011 por 6.500 dólares.

Antes de que estallara un escándalo internacional relacionado a la compra de bienes culturales robados, Dunbarton Oaks –que pidió un cuestionario para dar su versión al inicio de esta investigación, pero nunca lo respondió– optó por deshacer la compra y reclamar su dinero al anticuario. El librero devolvió el manuscrito a Lima sin cargo, a condición de que su nombre se mantuviera en reserva. En el Perú, el retorno del manuscrito permitió identificar el circuito del tráfico al interior de la Biblioteca Nacional. En Argentina, en cambio, el caso no ha sido investigado hasta hoy.

Los rastros del saqueo cultural de América Latina no apuntan solo del sur pobre al norte rico. A inicios de octubre del 2016 la atención internacional volvió enfocarse en el eje centroamericano a raíz de la incautación de dos fragmentos de estelas de la cultura maya que eran exhibidos en un museo privado de la capital salvadoreña y que estaban reportados como robadas en Guatemala desde el 2013. Las piezas proceden de dos sitios arqueológicos mayas saqueados en los años noventa. Los traficantes las mutilaron para llevárselas. Su paradero era desconocido hasta que, poco después de lanzada una alerta internacional, un oficial de Interpol logró identificar las piezas en el Museo de la Fundación Tesak, patrocinado por la familia de Pablo Tesak, un desaparecido magnate de la industria de las golosinas.

El caso fue motivo de una intensa disputa diplomática. Guatemala llegó a enviar hasta ocho pedidos de restitución de las piezas en un periodo de tres años, sin respuesta positiva, a pesar de que la Convención Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural obliga a los países firmantes a prestarse asistencia técnica y jurídica en casos como este. Un juez puso fin en octubre a más de treinta meses de tensiones, pero no terminó la disputa. Guatemala reclama otras 287 piezas arqueológicas que el Museo Tesak mandó traer un año antes desde Estados Unidos como si se tratara de una repatriación de patrimonio cultural salvadoreño. En realidad eran piezas arqueológicas de Guatemala, y quedaron retenidas por las propias autoridades aduaneras de El Salvador al detectarse que carecían de información clara sobre su procedencia.

“Tenemos información extraoficial de que las piezas estaban en Los Ángeles, California, cuando fueron importadas a El Salvador por la Fundación Tesak”, señala Eduardo Hernández, jefe del departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura de Guatemala.

En otra ciudad de ese mismo Estado terminó una pieza rob