Autor: Redacción

Presentamos el cuarto reportaje de la investigación trasnacional de Ojo Público de Perú, en alianza con equipos periodísticos de cinco países, que revela las cifras y casos más graves del tráfico del…

Cientos de tesoros arqueológicos y piezas coloniales, producto del saqueo, se exponen en museos y se venden en subastas en el extranjero. Pero, también, en Guatemala se guardan piezas en museos y colecciones privadas. Las autoridades aseguran que estos coleccionistas alientan el saqueo, pero ellos –Fernando Paiz y la Funba, entre otros-; se defienden y aseguran que las cuidan mejor que lo que lo haría el Estado. 

El presupuesto del Estado para recuperar su patrimonio cultural es proporcional a los resultados que obtiene. Con fondos asignados que sólo cubren salarios, el Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (en el Ministerio de Cultura y Deportes, MCD) libra una lucha cuesta arriba con tres personas, incluido el jefe del departamento, Eduardo Enrique Hernández Herrera. Esta oficina depende del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, que invierte en la recuperación y repatriación de piezas, siempre que el traslado sea corto.

El pasado 24 de enero, el MCD presentó los fragmentos de dos estelas que repatriadas desde El Salvador (también repatrió otro grupo recuperado en Los Ángeles, California, EE.UU.). El titular del MCD, José Luis Chea Urruela, divulgó que el traslado implicó el gasto de Q2.2 millones (una cifra superior a los Q100.7 millones  que comprende el presupuesto del citado viceministerio).

Este caso muestra los desafíos que enfrenta Guatemala para recuperar su patrimonio cultural, y el papel que juegan algunos coleccionistas privados en el tránsito ilegal de ese patrimonio de un país a otro.

Un tesoro en El Salvador

Oscar Mora, el antecesor de Hernández, cree que el conflicto armado llevó a que algunos coleccionistas centroamericanos enviaran ilegalmente a  Estados Unidos, piezas de patrimonio cultural, que consideran como sus colecciones), para protegerlas. Uno de estos casos es el del empresario salvadoreño Pablo Tesak (fallecido en 2009) y las piezas que Guatemala reclamaba a su fundación. La posesión de dos fragmentos de las estelas 1 de Aguateca y Dos Pilas salió a luz porque un investigador de la Interpol visitó el museo en 2013 para confirmar que las piezas estaban en ese recinto. Para entonces, la Fundación Tesak intentaba recuperar otras 287 piezas inicialmente retenidas en aduanas salvadoreñas y que trasladó en 2012 desde EE.UU. a El Salvador, declarando que eran originarias de ese país centroamericano. No obstante, autoridades guatemaltecas aseguraban que son de Guatemala.

“Viajamos con la entonces viceministra Rosa María Chan a El Salvador y vimos las 287 piezas”, recuerda Mora. “Ella es arqueóloga y sólo al verlas dijo: ‘esto sí es patrimonio guatemalteco’. Ella conoce de esto. El problema es cómo acreditarlo”, debido a la falta de un registro de piezas guatemaltecas. Hernández dice que las piezas provenían de Los Ángeles, California, y cree que Tesak las compró en EE.UU. Mora, en cambio, supone que la Fundación Tesak simplemente retornó la colección a El Salvador (a donde habrían llegado años atrás por otra vía), sin contar con que las aduanas de su país las retendrían por falta de documentos que demostraran su origen como salvadoreño. El intento por trasladarlas de EE.UU. a El Salvador comenzó en 2011, dos años después que murió el empresario.  Tesak residía en El Salvador desde 1951, a donde se trasladó desde Guatemala después que emigró de su natal Checoslovaquia. La Fundación Tesak todavía disputa la posesión de las 287 piezas aunque perdió la batalla con los fragmentos de las estelas. “La Corte Suprema de Justicia de El Salvador instruyó a la Fiscalía de la Nación, para que tomara las acciones necesarias para recuperar las estelas”, dice Hernández. Al funcionario le sorprendió el decomiso de las mismas en 2016 porque el museo Tesak había asegurado a Guatemala que las devolvería.

Un convenio centroamericano para la preservación y recuperación del patrimonio cultural, del que Guatemala y El Salvador son signatarios, no había servido para persuadir a la Fundación Tesak. “Ese fue nuestro argumento para el reclamo desde julio de 2013”, dice Hernández, aunque las gestiones comenzaron en 2012.

Las estelas fueron devueltas el 17 de noviembre a autoridades guatemaltecas en El Salvador, y el MCD las expuso al público en enero pasado en el Palacio Nacional de la Cultura. Las otras 287 piezas siguen en El Salvador. Para mayo de 2016, las piezas estaban bajo el resguardo del Museo Nacional de Antropología (Muna).

“El director del museo dijo que podemos hacer una inspección para determinar si son de Guatemala, pero no nos permiten tomar fotografías ni nos facilitan ningún documento (copias de las fichas de las piezas)”,   dice Hernández. El funcionario explica que la postura es incomprensible porque este trámite se ha hecho en un ámbito diplomático y no judicial, pero El Salvador obstaculiza los medios para que Guatemala pueda hacer una identificación plena. Se consultó a la Cancillería guatemalteca respecto a las gestiones de la Embajada de Guatemala en ese país, pero al cierre de esta nota no tenía una respuesta.

Marlon Escamilla, jefe de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural, en la Secretaría de Cultura de El Salvador explicó por medio de la Dirección de Comunicaciones que el acceso a las piezas es imposible porque la investigación está en curso, y la fiscalía ha prohibido el acceso a las piezas, no la Secretaría.

Guatemala pidió permiso a El Salvador para estudiar las piezas desde 2012. El medio digital El Faro, de El Salvador, cita una respuesta de 2014 en la cual la Cancillería de ese país afirma que accedería si las autoridades guatemaltecas cumplían “con una serie de requisitos que demuestren que las piezas son suyas: catálogo, fichas de inventario y fotografías in situ de las piezas”. El MCD no los tiene porque las piezas fueron robadas antes de que supiera de su existencia. Por lo tanto, no tiene pistas ni documentación de cuándo fueron robadas y sacadas del país. El Faro publicó que el director ejecutivo de la fundación, el sacerdote David Blanchard, afirma que “todo se debe a errores administrativos” y que “no hubo mala intención”. La fundación todavía espera recuperarlas.

Paralelismos entre coleccionistas privados

Mora cree que los obstáculos obedecen a un asunto político. “Allá (en El Salvador), Pablo Tesak (era) todo un personaje, igual que en Guatemala lo es (Fernando) Paiz Andrade, su colección y su famoso museo”. Se refiere al proyecto del empresario guatemalteco para crear el Museo Maya de las Américas (MuMa). También a que Paiz Andrade es un destacado empresario, fundador y expresidente de la Fundación Paizpara la Educación y la Cultura, y Tesak lideraba uno de los consorcios industriales familiares más conocidos de El Salvador, fundador y accionista de las fábricas de golosinas Productos Alimenticios Diana y Bocadeli.

Según el exfuncionario, Paiz y Tesak retiraron colecciones de Guatemala para resguardarlas, pero afirma que sacarlas del país sin permiso del Estado fue “un hecho ilícito”.

“Hay notas de esto, todo un expediente de 2008, 2009, donde él (Paiz Andrade) indica, en estos términos, que sacó su colección (del país) por seguridad y por el conflicto armado”, recuerda Mora, cuyo departamento se encargó del caso. El “encargarse del caso” consistió en aprobar el reingreso de las piezas, pero a nombre del Estado de Guatemala, obviando la exportación ilícita de bienes culturales en pro de recuperar ese patrimonio. Mora no contaba con que otro funcionario –cuyo nombre omite- se opondría, aduciendo que se trataba de propiedad privada de Paiz Andrade. “Le justificamos que legalmente no lo era”, dijo Mora, como ninguna pieza prehispánica puede ser propiedad privada. La respuesta fue: “pero hay que ayudar a Fernando”. Acto seguido, otro asesor jurídico propuso hacer un convenio, y una resolución ministerial aprobó el ingreso y que el empresario retuviera las piezas. “Allí está la resolución violatoria”, afirma Mora. “Lo dije hasta el cansancio, y nadie me escuchó”.

Plaza Pública buscó una entrevista en octubre pasado con Paiz Andrade por medio de su asistente en la Fundación Ruta Maya, y por medio de Sofía Paredes, directora ejecutiva de la fundación, pero ambas indicaron que el empresario no podía atender entrevistas debido a que estaría fuera del país durante varias semanas. En diciembre, se intentó obtener una entrevista con Paredes, por medio de Comunicación Estratégica, la agencia de relaciones públicas de la fundación, pero la entrevista nunca se concretó*.

Según National Geographic, este empresario tiene una colección de alrededor de 3,300 piezas prehispánicas. En 2010, el Gobierno de Francia lo condecoró con las insignias de “Caballero de las Artes y Letras”. En esa ocasión, la embajada de Francia en Guatemala destacó que Paiz Andrade era presidente de la Fundación para el Patrimonio Cultural y Natural Maya (Pacunam), que reúne a once empresas que financian la investigación y preservación de sitios arqueológicos en la cuenca El Mirador, en Petén. Coincidentemente, diversas piezas cuyo origen se rastrea hasta Petén han sido subastadas en Francia, cuyo gobierno y casas de subasta han ignorado los reclamos de Guatemala.

Del sitio arqueológico a una colección privada

Algunos arqueólogos y autoridades que protegen el patrimonio cultural opinan que los coleccionistas privados (en el país o en el extranjero) estimulan el saqueo porque, al estimular un mercado comprador de piezas robadas, el saqueo prevalece como una actividad lucrativa. “(El saqueo de piezas prehispánicas) es la segunda industria más grande en Petén; la más grande es el narcotráfico”, dice el arqueólogo estadounidense Richard Hansen, que trabaja en El Mirador desde los años 70. El arqueólogo estima que las piezas se venden, cuando llegan a manos del coleccionista, en un mínimo de US$10 mil.

La arqueóloga estadounidense DonnaYates explica que la evidencia confirma que el coleccionismo es una causa del saqueo. “La demanda causa la oferta, y no al revés”, dice la experta. Se refiere a coleccionistas centroamericanos, aunque admite que los grandes precios se ofrecen afuera del país, y que históricamente las mejores piezas han salido de Guatemala. “Puedo entender por qué coleccionistas ‘locales’ dicen que están ‘salvando’ los objetos de ser llevados al extranjero: es una persuasiva ‘narrativa de neutralización’  que les da una excusa para violar la ley y hacer lo que quieren”, y para ignorar la naturaleza destructiva del saqueo, explica Yates. “Se asume, por ejemplo, que una vasija maya es lo más importante… No lo es. Lo más importante es la masiva cantidad de información que proviene de estudiar la vasija en su contexto original, con otros objetos alrededor, colocados así por los mayas por una razón”.

Hansen coincide. “La arqueología no es acerca de las piezas; no estamos interesados en las piezas”, dice el arqueólogo. “Nos interesa la historia, así que aunque la pieza está sobre una repisa en Guatemala o Nueva York, el daño es igual, la destrucción es la misma: la pérdida de contexto es igual”. El daño es administrado a plazos, pero es irreversible, y es un daño que el Estado no controla.

Hernández observa el fenómeno como una cadena de acciones delictivas, que empieza con el saqueo y acaba con el coleccionista. “Me decían allá en Petén que les dicen a los guacheros (personas que saquean los sitios arqueológicos) [que les pagan] Q10 mil por indio (en cada plato o vaso)”, revela. “Eso quiere decir que si un plato tiene un personaje, van Q10 mil. Si son dos, van Q20 mil, y así sucesivamente”. El funcionario cree que, por lo general, el destino de las piezas no es una exhibición pública. “Quien compra es una persona que tiene la capacidad y quiere tener (la pieza) en su casa, y es en casas donde uno no puede entrar”, advierte. “A mí me pueden decir, ‘en la casa de tal persona hay miles de piezas arqueológicas, pero mire si nos autorizan el ingreso con una orden de allanamiento, jamás. Eso no se va a poder”.

Pero no a todos los coleccionistas los mueve lo mismo, según Pascu Robredo, el encargado de relaciones públicas en la Fundación para las Bellas Artes (Funba), en Antigua Guatemala. “Hay gente a quien le mueve acumular piezas. Hay muchas familias guatemaltecas que tienen colecciones bellísimas que jamás expondrán; otras ni están en el país”, dice. Robredo argumenta que la colección Palacios-Weymann (del matrimonio José María Palacios, empresario, y Amelia Weymann de Palacios, arquitecta), que consta de unas 4 mil piezas y arte guatemalteco de todas las épocas, sí será compartida con el público. La colección, propiedad de la Funba (creada por Palacios y Weymann), será expuesta en un museo que será inaugurado en 2017.

“(Ellos) cargan con el peso de sacar adelante un museo de 5,500 metros cuadrados en el centro de Antigua, con todos los requerimientos de un museo de primera clase, para el público”, dice Robredo.

En su caso, Weymann explica que el volumen y calidad de la colección les llevó a asumir el museo como proyecto de vida. “Hemos recibido críticas”, admite la arquitecta. “He asistido a congresos de arqueología donde dicen que el coleccionista estimula el saqueo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuántas piezas obtiene el coleccionista? Dos o tres, poco a poco, y no es que estas piezas las vendan; también he recibido donaciones. Nosotros nunca hemos ido a Petén a comprar algo, sino la colección se arma una por una”, Weymann se refiere a su colección de piezas de arte colonial y las piezas prehispánicas que tiene en préstamo del Estado.

“Empecé mi colección cuando estaban haciendo la (Calzada) Roosevelt (en las zonas 11 y 7 capitalinas), y estaban los tractores pasando en Kaminal Juyú, y salían tiestos, pedacitos, caritas, y yo le decía al ingeniero: ‘lo que consigan, dénmelo, regálenmelo o si no, yo les pago’, porque me decían: ‘ fíjese que destruimos ahora (tal cosa)’. Así comencé mi colección y llevaba las piezas al Museo de Arqueología para que las evaluaran, y me decían: ‘guárdelas’. Así empecé. Nosotros, como fundación, rescatamos las piezas para exhibir en el museo. Uno invierte su dinero, y si uno no tiene para comprar esa pieza, se la dan al gringo de la esquina que la va a llevar fuera. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Decirle a la autoridad: ‘mire, aquí me están vendiendo una pieza’? Una vez me trajeron a una persona que había encontrado una pieza para que se la adquiriera. Se supone que es prohibido adquirir piezas, entonces, ¿qué le debemos de decir a la persona que viene de cultivar (y se encontró la pieza)? ¿‘Señor, sabe qué, entierre la pieza otra vez porque es indebido lo que usted está haciendo’? No. Es absurdo. O, ‘llévelo al museo y lo regala’. Me va a decir ‘ah no’, y mejor se la va a vender al señor extranjero que se la va a llevar”.

Weymann no cree que los coleccionistas sean la única solución al expolio. La arquitecta cree que el Estado debería invertir en museos de sitio (en sitios arqueológicos), involucrar a la comunidad para enriquecer al museo, y volverlo autosostenible para la comunidad con el cobro de la entrada. Lo ve como un proceso educativo, y una generación de custodios naturales del patrimonio.

Un museo en casa

En el caso de las piezas prehispánicas, la presunción es que la mayoría son robadas y que llegan al coleccionista vía un intermediario. El coleccionista no está obligado a identificar quién le vendió la pieza, pero si la quiere retener como parte de su colección, el Estado le permite retenerla en préstamo una vez que el coleccionista presenta una declaración jurada y se compromete a asumir los costos de preservación de la pieza.

“Si las piezas son ubicadas en alguna vivienda o exposición, se encuentra un gran obstáculo en la misma ley especial (Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 26-97) en su artículo 24, que permite un plazo de cuatro años para registrar bienes patrimoniales a partir de que salga en vigor el reglamento del registro, y es este artículo el que ayuda a que se siga depredando el patrimonio cultural de la nación”, explica Yuliza Ponce, auxiliar fiscal de la unidad de Delitos contra el Patrimonio Cultural, en la fiscalía en Petén. ¿Por qué? Porque ese reglamento para el registro no está vigente aún. Hernández afirma que sólo existe en calidad de “proyecto”. Sí existe la Normativa para regular la Posesión de Bienes Arqueológicos Muebles para personas particulares, así como la Normativa para las exposiciones de objetos arqueológicos, históricos, etnológicos y artísticos. Fueron emitidas en enero de 2016 (por el gobierno saliente) por acuerdo ministerial del MCD, pero un año después, no ha sido publicado en el diario oficial, un requisito para darle vigencia. La normativa que regula el préstamo de las piezas a los coleccionistas no regula si pueden lucrar con la exhibición de las piezas, en el país o el extranjero. Sin embargo, el convenio de préstamo ofrece una alternativa a la incapacidad del Estado para proteger todo el patrimonio cultural del país, que está registrado. Aun así, hay un número indeterminado de coleccionistas que son todo un Triángulo de las Bermudas para el patrimonio cultural, porque retienen las piezas sin registrarlas ni mostrarlas al público.

En octubre de 2012, Paiz Andrade dijo a Plaza Pública que compró sus piezas más importantes en el mercado de Chichicastenango, “en la calle, en unos localitos que antes estaban en unas callecitas”, y en el mercado de Santiago Atitlán (ambos lugares conocidos por Hernández como sitios de venta de piezas saqueadas). Agregó que algunas colecciones las recibió en donación. En otro artículo de 2016 del Huffington Postse describe como un incipiente coleccionista a los 10 años de edad, recolectando piezas halladas durante la construcción de la Calzada Roosevelt (como lo hizo Weymann). No obstante, en agosto de 2014 la revista National Geographic cita a Paiz Andradeadmitiendo que cuando comenzó su colección, “no había conciencia sobre este tema de saquear o no saquear”. La revista revela que este empresario colecciona antigüedades mayas desde que era adolescente, a mediados de los años 60. “(Antes) sólo se hablaba del coleccionista tratando de rodearse de piezas que eran significativas e importantes, artística o arqueológicamente hablando”.

National Geographic publicó que Paiz Andrade “ha renunciado a comprar arte maya robado y ahora ayuda a financiar excavaciones arqueológicas legítimas”. Según la publicación, el empresario obtuvo el 20% de su colección en el extranjero. Paiz Andrade pretende crear el MuMa, donde planea exhibir su colección de 3,300 piezas que National Geographic afirma que es producto de saqueos, y que además absorbería al Museo de Arqueología y Etnología y sus colecciones legalmente adquiridas en excavaciones oficialmente autorizadas. Algunos expertos afirman que la ética de la museología no permite exponer objetos saqueados junto a otros extraídos lícitamente bajo el amparo del Estado.

El MuMa sería administrado por la Fundación de la Ruta Maya, que el empresario creó. Paiz Andrade le dijo a la revista que, “hay tantos coleccionistas privados que no confían en las autoridades para cuidar de sus colecciones –aunque no sean suyas, sino patrimonio cultural de la nación–, que me dan un fuerte argumento (para crear el nuevo museo)”.

Yates, quien se especializa en estudiar piezas precolombinas, coincide en que las antigüedades rescatadas (producto de saqueo) necesitan un lugar a donde ir, pero debería ser a un Museo Nacional. “Un coleccionista privado no tiene que mostrar su colección a nadie, y esto no (ayuda a) preservar el pasado para el público”, dice la arqueóloga.

La privatización de la historia

La antropóloga Margarita Cossich Vielman dice que la intención de privatizar la historia con museos como el MuMa distorsiona la forma en que la perciben nuevas generaciones. Coincide con arqueólogos como Hansen y Yates, quienes creen que sacar una pieza de su contexto original relata una historia incompleta. Para Paiz Andrade y Weymann de Palacios, lo que ellos hacen es llenar los vacíos de protección del Estado.

Robredo sospecha que en algunas de las visitas guiadas que hicieron en la galería de la Funba, para reunir fondos para la construcción del museo, alguien observó cuánto había en la colección y organizó el robo de 300 de sus piezas en mayo de 2015. Weymann observa que un catálogo de la colección quizá sirvió como guía a los ladrones. Pero si una colección así es vulnerable, más aún lo están las iglesias, tan sólo con la vigilancia de un sacristán y (en pocos casos) de cámaras de vigilancia. El caso más reciente es el robo de reliquias en la Iglesia La Merced en Antigua Guatemala el pasado 6 de febrero. Exactamente dos años antes, la Iglesia El Calvario, también en Antigua Guatemala, padeció el robo de seis lienzos valiosos en febrero de 2014. Si templos de esta importancia son blanco de saqueadores, otras parroquias en aldeas pequeñas están más expuestas aún. Hernández dice que, en el caso de los robos, un paso importante  para intentar recuperar las piezas sería el registro de las mismas en el MCD, pero en las iglesias de las aldeas no siempre registran sus piezas o tienen una fotografía de las mismas.

“El registro lo debería hacer el párroco, el cofrade, etc., pero no sucede”, afirma Hernández. “Si tienen fotos que son de alguna ceremonia en la iglesia, la imagen o pintura se observa incompleta, o la calidad de la foto no es buena, y una foto así no sirve. Hay muchos casos de objetos robados que no tienen foto. Además, hay poca información disponible de la pieza”. El Estado, mientras tanto, tiene capacidad nula para brindar protección, menos para recuperarlas. Según Mora, no hay estrategia ni recursos, pero sí hay mucha desorganización administrativa.

Están vulnerables incluso las piezas que están en parques y museos nacionales, donde debían tener el resguardo debido. “Yo soy guía de turismo y viajo constantemente para mostrar Tikal, Uaxactún, Ceibal”, dice Robredo. “Hay monumentos espectaculares, pero están desprotegidos. Por ejemplo, en los pocos museos que hay (como) el Sylvanus Morley en Tikal, entras por una ventana… He visto a la gente agarrando las vasijas en el Museo (Sylvanus) Morley, así, con la mano… (Robredo hace la mímica de elevar una vasija con las manos sobre su cabeza, como para ver qué tiene debajo). No tienen ni vitrinas”.

¿Porqué proteger el patrimonio?