Autor: Redacción

Presentamos el tercer reportaje de la investigación trasnacional de Ojo Público, de Perú, en alianza con equipos periodísticos de cinco países, que revela las cifras y casos más graves del tráfico del patrimonio cultural de América …

 La historia de Guatemala, y su narrativa a través del arte maya y colonial, son ahora también un botín del crimen organizado.

No es que los criminales sean exquisitos admiradores del arte.Lo suyo es un delito de oportunidad, un daño colateral de otras actividades criminales, o un simple capricho.

Para intentar evitarlo, algunas autoridades, desde la sombra, libran una lucha quijotezca con limitado presupuesto.

No ocupan grandes titulares de prensa si no hay de por medio un robo, recuperación o captura prominente. Un nexo público entre depredadores y narcotraficantes resulta elusivo.

El viernes 16 de mayo de 2015 por la tarde, al menos diez hombres entraron en la Fundación para las Bellas Artes (Funba) en Antigua Guatemala. Blandían pistolas. Inmovilizaron a los empleados, y robaron 300 piezas de platería, imágenes y lienzos de arte colonial religioso.

El fiscal Rolando Rodenas dice que las cámaras no funcionaban, “estaban de adorno”. Amelia Weymann de Palacios, cocreadora de la fundación, afirma que no había cámaras. No obstante, los asaltantes llegaron preparados: se cubrían el rostro con gorros pasamontaña negros. Un funcionario del Ministerio de Cultura supo que uno de los sujetos dio una orden escueta pero elocuente: “Vamos arriba, al segundo nivel”. Ahora no duda que conocían su botín de antemano. El blanco del robo fue la colección Palacios Weymann, que la Funba adquirió desde su creación en 1994. Según la fundación, reunirla tomó al menos 50 años y está formada por unos 4 mil objetos de arte prehispánico, colonial, moderno y contemporáneo.

No se tuvo pistas de los asaltantes hasta seis meses después, cuando el Ministerio Público organizó una operación para atrapar a Raúl Arturo Contreras Chávez, un sujeto de 43 años de edad que tenía orden de captura debido a un pedido de extradición de Estados Unidos. La Fiscalía de Miami había planteado una acusación formal contra Contreras y otras 15 personas presuntamente involucradas en el envío de cocaína a EE.UU. Los acusados, entre los que había un guatemalteco, varios colombianos, y cuatro libaneses, también estaban en la mira del Departamento del Tesoro.

En la operación para su captura, la policía siguió a Contreras hasta una residencia en San Cristóbal, zona 8 de Mixco, hacia la zona occidental de la ciudad. Tras reducirlo a la fuerza, los agentes allanaron la propiedad y, en lugar de droga, encontraron 12 pinturas religiosas de la época colonial, 12 imágenes y tres vasijas guardadas en varios muebles. Los peritos del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (del Ministerio de Cultura) establecerían que ocho eran de origen desconocido y trece pertenecían al lote robado en la Funba.

Las tres restantes están reportadas como robadas en Honduras, hacia donde coincidentemente se extendían los lazos de Contreras: según el expediente en la corte de Florida –revisado para esta investigación–, el detenido era el brazo guatemalteco de una organización internacional de narcotráfico y lavado de dinero que opera en territorio hondureño y se desprendió del Cartel del Norte del Valle de Colombia.

Contreras negó tener conexión alguna con las obras encontradas en la vivienda donde fue capturado.

“Él nos dijo que llegó a esa casa a cobrar un dinero por la venta de un vehículo a un muchacho que alquilaba esa casa”, señala Rodenas, jefe de la Fiscalía de Sección de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Poco después se comprobó que la casa estaba a nombre de una mujer, quien confirmó que dio la casa en alquiler a un sujeto cuyo nombre coincidía con la persona a quien Contreras dijo que llegó a buscar. Rodenas no reveló el nombre por ser una persona de interés en la investigación.

Sólo dijo que, al parecer, la vivienda era usada para almacenar las piezas robadas. Las otras 287 piezas sustraídas de la Funba siguen desaparecidas.

El vínculo narcotráfico­tesoros nacionales

Otros casos han revelado vínculos emergentes entre las mafias dedicadas al narcotráfico y al tráfico de bienes culturales, que se han servido de la corrupción o abandono estatal en las fronteras del país. Se trata de un episodio ocurrido un año y medio antes del robo de la Funba. El 5 de febrero de 2014, casi al filo de las cinco de la tarde, cuatro sujetos armados entraron en la iglesia de El Calvario, en Antigua Guatemala, encañonaron al sacristán, y cortaron de sus marcos seis lienzos que representaban La Pasión de Cristo, creados por el pintor guatemalteco Tomás de Merlo entre 1731 y 1740. Las pinturas fueron restauradas entre 2012 y 2013. Los asaltantes cargaron con ellas en hora y media. Según un dato no confirmado, que obtuvieron la Fiscalía y el Ministerio de Cultura, un importante narcotraficante ordenó el asalto. “Supuestamente escogió los lienzos y pagó por ellos, y aparentemente están en Honduras”, afirma el fiscal Rodenas.

Al año de iniciada la investigación, en febrero de 2015, la policía capturó a tres sospechosos por este hecho: dos adultos y un menor de edad que llevaba consigo cuatro chalecos y dos gorras con logotipos de la División Especializada de Investigación Criminal. La fiscalía dijo a la prensa que los detenidos “conformaban una banda […] dedicada al robo de viviendas y piezas religiosas”, para lo cual fingían ser investigadores policiacos. Pistas obtenidas por escuchas telefónicas a un celular robado al sacristán de El Calvario permitieron al Ministerio Público vincular a dos sujetos más al caso: Edwin Aníbal Castellanos Batres y Oswaldo García Solórzano, quienes ya estaban en la mira de las autoridades por supuestamente extorsionar a comerciantes y transportistas.

Los cuatro adultos capturados tienen antecedentes por robo agravado, secuestro, sicariato, conspiración para el tumbe de drogas y tráfico de armas.

En 2014, el Ministerio de Gobernación de Guatemala ofrecía una recompensa de Q100 mil (unos US$13 mil dólares) por información que permitiera ubicar los cuadros de la iglesia de El Calvario y  capturar a los responsables. Era una cifra muy inferior al valor estimado de los lienzos. Según el  Ministerio Público, al 2015 las obras robadas podían valer un Q1 millón de quetzales (unos US$130 mil dólares). Eduardo Hernández, jefe del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, insiste en que el valor es incalculable.

Una conexión inesperada

El día de las primeras tres capturas por el caso de El Calvario, Camilo Rivera, en ese entonces investigador de la Dirección de Investigación Criminal (Dicri) del MP, reveló a la prensa que las pinturas quizá habían sido llevadas a Egipto. Según el funcionario, una ruta conocida para el arte de contrabando partía del Puerto Santo Tomás de Castilla (en la costa del Atlántico de Guatemala), hacia Belice por barco, y luego a Asia y Egipto. Por esa razón, dijo, las investigaciones explorarían esta ruta.

Pero un año y ocho meses después, Rivera ya no trabaja en la Dicri y el fiscal Rodenas asegura que ningún indicio hace sospechar que los lienzos estén en Egipto. Hernández también lo duda. “Eso no tenía sentido; investigadores del MP se atrevieron a dar esa información sin fundamento. ¿Por qué le interesaría a alguien de El Cairo tener esos cuadros si ni comparten la religión?”, dice.

No obstante, Weymann afirma que en Europa (no tan lejos de Egipto) hay un importante mercado de coleccionistas de arte barroco Latinoamericano, e incluso de platería guatemalteca colonial. Además, un exasesor del Ministerio de Gobernación que participó en las investigaciones sostiene que las primeras capturas en el caso de El Calvario arrojaron las pistas respecto al posible paradero de los cuadros en Egipto. Días después que la prensa publicó esa versión, las autoridades obtuvieron pistas de otro inmueble en Mixco donde hallaron piezas arqueológicas robadas de un museo en el occidente del país.

Según este exasesor, otras pistas también asociaban el caso de El Calvario con una banda aparentemente menor que a finales de los años 90 se dedicaba al asalto de bancos, robo de vehículos, secuestros y saqueo de residencias, en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Hace casi 20 años, información extraoficial señalaba que la banda Valle del Sol tenía vínculos con exmilitares involucrados en crimen organizado. Según el exasesor, la banda mantiene nexos con expolicías, lo que quizá fue determinante en la obtención de los chalecos y gorras de la Deic que los asaltantes usaban para fingir ser policías. La PNC no anunció si la indumentaria incautada era original o fabricada para asemejar las originales.

El MP no habla de los rastros de Contreras en el caso de El Calvario, pero Lainfiesta Escobar fue condenado en 2009 a doce años de cárcel por robo agravado. En esa ocasión, lo procesaron junto con César Augusto Rivas Escobar, miembro de un clan familiar dedicado al robo agravado y secuestro, que supuestamente lideraba Ana Lucía Escobar, una mujer que las autoridades vincularon extraoficialmente a la banda Valle del Sol. Las autoridades sospechaban que Escobar participó y dirigió el robo de piezas de arte colonial en iglesias de la capital a finales de los años 90, pero el MP no la acusó por ese delito.

En 1998, el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) reveló una lista de todas las iglesias en la capital donde hubo robos, y la única iglesia que no reportaba pérdida alguna era el templo El Calvario (en la capital), en cuya casa parroquial vivían varios miembros de esa familia.

Un oficio de la Fiscalía fechado el 12 de noviembre de 1998 consigna que un miembro de la banda, Elser Omar Aguilar, acusó a Ana Lucía Escobar de ser autora intelectual de los robos, y de haber servido como distractora en al menos un intento de secuestro. Aguilar habló mientras estaba capturado.

“Ellos [los compradores] nos habían puesto el negocio de unos cuadros en la iglesia de Santo Domingo [en la capital], […]. Por sacarlos de allí nos habían ofrecido a nosotros doscientos mil dólares a ella [Ana Lucía Escobar] y a mí, junto con otros cuates…pero la verdad es que estaba muy yuca (difícil); los feligreses te linchan si te llegan a agarrar”. Aguilar desistió, pero cayó preso por otro robo.

“Ana Lucía, La China, vende y hace los contactos de todo lo que se roban”, le dijo al fiscal Gustavo Soria. Uno de esos contactos, según Aguilar, era un “árabe”, un sujeto a quien Aguilar, un criminal de carrera, le tenía mucho miedo.

Este indicio encajaba, aun indirectamente, con la sospecha de que los cuadros robados en El Calvario en Antigua podrían estar en Egipto. Sin embargo, en 1998 el Ministerio Público registró otro testimonio que indicaba que Imelda Escobar (madre de Ana Lucía Escobar) se jactaba de “tener dinero en bancos de varios países” y de viajar a diferentes lugares como Estados Unidos y “hasta Egipto para vender ciertas reliquias valiosas”. Ello, aunque entonces solo era una cocinera parroquial. Registros migratorios de la época confirman los viajes de Imelda Escobar a EE.UU.

En ese entonces, el Ministerio Público no siguió la línea de investigación de Valle del Sol para la ubicación de arte robado de las iglesias salvo en pocos casos. Una excepción, entre 1995 y 1996, fue la de Norberto Villatoro Lucas, detenido por el robo de un cuadro del siglo XVII de la iglesia de Santo Domingo. El cuadro, una valiosa obra del pintor español Francisco Zurbarán, fue recuperado.

Villatoro, que fue condenado por este delito, era cómplice de Aguilar. Así lo determinó el entonces fiscal del caso, Otto Ardón, quien también fue el primer fiscal que investigó el asesinato del obispo Juan Gerardi, perpetrado el 26 de abril de 1998. Fue un crimen que conmocionó al mundo y una de sus hipótesis involucraba las denuncias de robo en las iglesias a manos de la banda de Valle del Sol. El siguiente fiscal asignado a la investigación descartó esta hipótesis.

El testimonio de Aguilar, que establecía conexiones entre la banda y el robo de arte, no sirvió de evidencia en ninguna acusación. En agosto de 2000, Aguilar apareció asesinado días después de fugarse de un hospital donde recibía tratamiento médico en calidad de reo.

“El grupo [Valle del Sol] saqueaba casas donde también robaba piezas arqueológicas o coloniales, pero se da cuenta que no es rentable por la dificultad para ubicar compradores, y evoluciona hacia el secuestro porque ya tenía experiencia para inmovilizar a las víctimas en las casas que saqueaba”, explica el exasesor de Gobernación en una entrevista para el proyecto Memoria Robada. Para entonces, Raúl Arturo Contreras Chávez, el primer eslabón de esta historia, ya estaba vinculado con la banda, pero la transición delictiva no le satisfizo y se involucró en el narcotráfico. Sin embargo, a juzgar por el hallazgo de los cuadros y esculturas después que la policía capturó a Contreras en noviembre pasado, no perdía el vínculo con el arte colonial robado. Para cuando cayó Contreras, sólo se investigaba a los miembros operativos y no a los autores intelectuales. No había otros indicios de que Escobar integrara la banda.

Ahora, aunque las investigaciones confirmaran el nexo de Contreras con los robos en El Calvario y la Funba, este no serviría de nada. Cuando Guatemala aceptó extraditarlo, se comprometió a no procesarlo por ningún delito para no retrasar su envío a EE.UU. Para junio de 2016, y según el documento No. 631­1 del expediente en Florida, Contreras se había declarado culpable y podría enfrentar al menos 10 años de cárcel y una multa de unos US$25 mil dólares (una suma mínima en contraste con el valor de las obras traficadas o el dinero que debió ganar con el narcotráfico). El Departamento del Tesoro de los EE.UU. y la Fiscalía General de Colombia revelaron que los socios de Contreras (mencionados en el expediente en Florida) también traficaban droga hacia Europa, Medio Oriente y África. Uno de ellos, el libanés Chekri Mahmoud Harb radicado en Colombia, viajaba con frecuencia a Siria, Líbano y Egipto, según la policía colombiana que lo capturó en octubre de 2008.

El Ministerio Público de Guatemala ha descubierto otras cosas: que había un eslabón entre el caso de la Funba y otro robo en Mixco de diciembre de 2014. El fiscal Rodenas explicó que supuestamente uno de los hombres armados que irrumpió en la Funba, trabajó como jardinero en la residencia en Mixco donde ocurrió otro robo. Su tarea: informar movimientos y cerciorarse que había algo que robar.

Después del robo a la Funba, el sujeto apareció asesinado en Jalapa (oriente del país). El fiscal cree  que la banda intentó borrar pistas con esa muerte.

En río revuelto

Las piezas de la Funba halladas en manos de Contreras fueron identificadas rápidamente porque estaban registradas en el Departamento de Registro de Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura, y su robo se reportó de manera oficial. Sin embargo, y a pesar de lo que señala la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, no todos registran esos bienes y si una pieza de arte colonial no está registrada, ni la reclama el propietario, cualquier comprador que la adquirió puede acudir al Ministerio de Cultura, argumentar por medio de una declaración jurada que le fue heredada, o vendida, y registrarla como propia. Si la pieza robada estaba registrada, la pueden sacar del país de contrabando para venderla en el exterior, que es un posible desenlace para los lienzos robados de El Calvario.

A diferencia de las piezas de arte colonial que pueden ser de propiedad privada, por ley, toda pieza arqueológica es propiedad del Estado y su posesión por un particular es ilícita a menos que esté amparada por un convenio de préstamo. La ausencia del convenio podría indicar que la pieza fue robada y/o traficada por el “propietario” o por la persona a quien el propietario la compró, o que hubo negligencia en el poseedor de la pieza (quien la descubrió o compró) para obtener el citado convenio.

Un delito de oportunidad

La participación del narco en el robo de patrimonio cultural también involucra el saqueo de piezas en sitios arqueológicos mayas. El objetivo no es el saqueo en sí, pero el crecimiento de la frontera del narcotráfico hace más vulnerables aun los sitios sin protección (que son el 97%). En diciembre de 2014, de un estimado de 2,500 sitios arqueológicos identificados en Guatemala, sólo 63 tienen protección o presencia de guardias, según la Dirección de Patrimonio Cultural. Sin embargo, esa protección no garantiza que están fuera de peligro. El resto depende del resguardo, si lo hubiere, de los propietarios de los terrenos donde están.

El arqueólogo estadounidense Richard Hansen, que trabaja en la cuenca de El Mirador en Petén desde 1972, asegura que después del narcotráfico, el saqueo de sitios arqueológicos es la actividad delictiva más prolífica en el departamento. El tráfico de madera es otro de los delitos más recurrentes en el área.

Los narcos de la región compran o invaden grandes extensiones de terreno para instalar fincas ganaderas. Por ejemplo, la Reserva de la Biósfera Maya es un área protegida por la ley, pero en la práctica allí continúa el crecimiento de las narco fincas y abarca sitios donde hay tesoros arqueológicos, de acuerdo con el arqueólogo.

Alma Polanco, directora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en Petén, denunció el 5 de junio pasado que los narcotraficantes queman los bosques para utilizar grandes extensiones para ganadería ilegal y pistas de aterrizaje clandestinas, entre otras actividades ilícitas. Un día antes, Petén fue declarado en estado de calamidad a causa de los incendios forestales. Entre enero y principios de junio, los incendios consumieron cerca de 12 mil hectáreas forestales en Guatemala. De ellas, 8,200 hectáreas están en Petén. El 75% de los incendios se reportaron en la Reserva de la Biósfera Maya, una zona protegida de 2.2 millones de hectáreas de bosque que comprende sitios arqueológicos claves como Tikal.

“El narcotráfico, […] en su afán por abarcar más áreas, no le importa echarle fuego al bosque o pagar a gente pobre para que lo haga”, señala la fiscal auxiliar Yuliza Ponce, de la Fiscalía de Patrimonio Cultural en Petén. Una de las consecuencias es el daño a las estructuras prehispánicas. “Las áreas son muy extensas, no existe control sobre los accesos, y los vigilantes no cuentan con los medios para defender sus vidas”, afirma la funcionaria. La ausencia de autoridades, y la presencia de grupos fuertemente armados favorece que cualquier saqueador bajo su protección acceda a los sitios sin obstáculos. En Petén, las zonas de los saqueos son tan remotas que puede tomar hasta tres días de viaje por tierra para llegar al lugar, si la fiscalía llega a tener los medios.

En abril de 2016, las autoridades capturaron a varios miembros de la familia Mendoza, que EE.UU. vincula al narcotráfico desde al menos 2009. El MP pidió su captura porque bajo amenazas despojaron a varias familias de sus propiedades en Petén. Las autoridades no divulgaron si en las propiedades había sitios arqueológicos. Sin embargo, en 2011, un oficial militar del Estado Mayor de la Defensa, que participaba en operaciones antinarcóticas en el sector, reveló que una parte de Petén y del norte de Izabal era territorio de los Mendoza, socios del Cartel del Golfo en México. En esa época, también operaban en el sector los Zetas, además de grupos socios del mexicano Cartel de Sinaloa.

En un artículo académico de 2014, la arqueóloga británica Donna Yates escribió que no había un vínculo directo entre los narcos y el saqueo de piezas arqueológicas en Petén. Sin embargo, descubrió que la presencia del narco generaba una cultura de violencia e impunidad en zonas de ausencia del Estado, que favorecían el saqueo. Una de las rutas que los saqueadores preferían para el traslado de piezas llegaba hasta Belice vía Melchor de Mencos, Petén. En un caso de 1971, la Estela 2 de Machaquilá fue sacada vía Belice y acabó en California, EE.UU. Años después, fue recuperada y repatriada. En 2003, según Yates, un marcador de un campo de pelota prehispánico fue trasladado hasta Melchor con la intención de llevarlo a Belice, pero la alerta de robo frustró el traslado y la pieza fue recuperada.

Actualmente, la Fiscalía de Patrimonio Cultural en Petén no tiene datos del traslado de piezas arqueológicas hacia Belice, pero advierte que el contrabando podría ocurrir por cualquier paso no autorizado en la frontera, en cualquier zona de Guatemala. “No existe un debido control en las carreteras de nuestro país”, dice Ponce. “Los casos en los cuales se ha localizado [piezas] en equipaje, en el transporte [colectivo en las rutas] hacia la capital, han sido puras casualidades”. Para sacar las piezas del país, la fiscal auxiliar cree que los traficantes utilizan mecanismos ilegales similares a los empleados en el trasiego de drogas. El fiscal Rodenas coincide: el trasiego de piezas arqueológicas vinculado al narcotráfico ocurre en las mismas rutas que este utiliza y aprovecha los puntos ciegos en la frontera.

Sin embargo, el saqueo de piezas arqueológicas en conexión con el narcotráfico emerge como un daño colateral de su expansión. No es un negocio paralelo de los narcotraficantes, sino un delito de oportunidad que operan terceros, por lo cual se presume que reciben una tajada. Por ejemplo, un exgobernador de Huehuetenango (occidente del país que colinda con México) dice que los narcos de la zona cobran derecho de piso, a los coyotes o traficantes de migrantes indocumentados, por cruzar la frontera en ese punto. Los narcos no se involucran directamente en el tráfico de migrantes, pero cobran una cuota por permitir que funcione. En otras palabras, el grupo criminal dominante de la zona monopoliza las actividades ilícitas y cobra una tasa a otros grupos que delinquen en el mismo territorio, o bloquea aquellos que no sirven a sus propósitos o no le representan ganancias.

Los múltiples cruces fronterizos ilegales, y el saqueo y contrabando que el narcotráfico patrocina, son el  Talón de Aquiles del blindaje legal que, según la Constitución de la República de 1946, establece que toda pieza arqueológica es propiedad del Estado de Guatemala. Si la pieza se ubica afuera del país, y el Estado no autorizó su salida, esta legislación permite concluir que la sacaron de contrabando de Guatemala.

Si la ausencia del Estado y la presencia del narcotráfico favorecen el saqueo, la falta de recursos para la prevención también incide. Otro factor negativo es la corrupción en los puertos marítimos del país donde el uso de un sistema de rayos X es ocasional. Un ejemplo es el Puerto Santo Tomás de Castilla, en la costa del Atlántico, por donde supuestamente sacaron del país los lienzos robados en la iglesia de El Calvario. En cambio, el sistema de rayos X sí ha permitido la detección de piezas en las aduanas del aeropuerto en la capital guatemalteca. Al menos hay tres casos de piezas arqueológicas y coloniales recuperadas en el gestor privado de aduanas CombexIM: en noviembre de 2011, julio de 2012, y enero de 2015, según registros del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

La impunidad y la falta de recursos para la investigación de los casos de robo y tráfico ilícito también han sido detonantes. Los nuevos modelos de crimen organizado se unen a los saqueadores y traficantes de patrimonio que han operado en el país desde hace décadas y que han operado sin que el expolio se detenga. El crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, y la magnitud en la que influye en el saqueo de piezas, no ofrecen buenos augurios para la preservación del patrimonio cultural de Guatemala, y de piezas de otros países cuyo contrabando usa a Guatemala como puente. El caso de la Funba lo comprobó. El hallazgo de las piezas fue fortuito. Las autoridades iban por un narco extraditable, y encontraron algo extra: las piezas de la Funba, las de Honduras y otras ocho sin identificar. La mayoría de los tesoros saqueados, en manos de los contrabandistas de carrera, no corre con esa suerte.

Por: Julia López

Tomado de: https://www.plazapublica.com.gt/content/narcos-los-nuevos-actores-en-el-trafico-de-bienes-culturales