La lucha contra el tráfico ilegal de especies de la fauna silvestre se intensifica en la región San Martín, con una campaña dirigida a cambiar la forma de pensar de la población para dejar de normalizar la caza y el consumo de especies protegidas, y comprender que conservar la vida silvestre es defender el futuro.
En ese contexto, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín, intensifica los operativos de control y fiscalización para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, en un trabajo articulado con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas acciones tienen como objetivo proteger el patrimonio natural de la región y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Como parte de estas intervenciones, la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de la provincia de Mariscal Cáceres, en coordinación con la FEMA y la PNP, realizó un operativo en el distrito de Campanilla, donde se detectó la tenencia ilegal de productos y/o subproductos de fauna silvestre correspondientes a la especie puma (Puma concolor), considerada protegida por la legislación nacional. A raíz de esta acción, las personas involucradas enfrentarán un proceso administrativo sancionador, así como un proceso penal, conforme a lo establecido por la ley.
De manera paralela, en la ciudad de Moyobamba, la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre atendió una denuncia anónima relacionada con la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre. La intervención se realizó en coordinación con la Policía Nacional del Perú – Puesto Comando Venceremos, como parte de las acciones permanentes de prevención y control que se ejecutan en la región.
Durante la diligencia, llevada a cabo en el restaurante “Punto Selvático II”, ubicado en la carretera a los Baños Termales, las autoridades constataron la presencia de carne de monte. En el lugar se hallaron dos bolsas de polietileno que contenían especímenes de la especie armadillo, en estado ahumado y congelado, presuntamente destinados a su comercialización.
Ambos casos constituyen una grave infracción a la Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y a su reglamento, normativa que prohíbe la caza, el transporte, la comercialización y la tenencia ilegal de productos, subproductos o especímenes vivos de fauna silvestre sin la debida autorización, estableciendo sanciones administrativas y penales para quienes incurran en estas prácticas.
‘A las pinturas rupestres que se han descubierto en el país las envuelve un gran misticismo, y se mantiene en pie el reto de descifrar sus significados y códigos visuales’.
Desconocer elpatrimonio artístico de nuestros primeros antepasados, es un gesto de profunda ignorancia que nos priva de una etapa auténtica y muy nuestra de la que aún no tenemos tantas claves para su total entendimiento. Nuestra también es la responsabilidad de su protección y salvaguarda, que con retraso llevamos hacia este patrimonio en peligro.
Según los expertos, en Cuba, a diferencia de otros países caribeños, el arte rupestre se encuentra en su mayoría situado en cuevas o abrigos, la mayor parte de las cuales está en zonas costeras. Esto lógicamente tiene su parte en los riesgos que los vestigios arqueológicos sufren. Se ha documentado que todas las cuevas identificadas hasta hoy tienen afectaciones en sus pinturas rupestres producto de procesos naturales como el crecimiento de líquenes y microorganismos. No obstante, una alarma importante pende sobre los daños provocados por el hombre. El 17% de las obras han sido afectadas por la actividad minera y petroquímica, y el 83% por la acción inconsecuente de visitantes, como sus grafitis.
Sobre el expolio no hay mucha documentación y teniendo en cuenta que un pequeño porciento de las estaciones arqueológicas tiene adecuada protección y vigilancia patrimonial, podrá entenderse que la mayoría se encuentre vulnerable. El único saqueo documentado (que no se entiende como tal, pues contó con la aprobación del Gobierno cubano en su momento) fue durante la campaña arqueológica realizada por la Heye Foundation en 1919, en el oriente de Cuba. 1.500 piezas fueron llevadas a EEUU, entre ellas el Gran Cemí, considerado el más grande petroglifo hallado hasta ahora en la Isla.
Esta pieza formaba parte de un conjunto de diez petroglifos en la Cueva de Patana, en Maisí. Estaba esculpido en una estalagmita, y medía in situ 1,22 metros de altura. Fue cortado y hoy forma parte de los fondos del Museo Nacional de Indígenas Americanos del Instituto Smithsonian. Se considera que esta figura representa al dios de la lluvia, Boinayel. Tenía una localización relevante dentro del conjunto escultórico de la cueva, donde también se conserva un mural grabado de dos metros de largo, probablemente dedicado a otras figuras mitológicas. Desde su posición en la cueva, el rostro del dios que llora lluvia era iluminado por el sol durante el verano, con lo cual se considera que también servía como marcador de ciclos, en este caso anunciante de la temporada de lluvias.
Actualmente, existe el reclamo de su devolución desde la comunidad local, independientemente del valor cultural que tiene para la nación. Esta posibilidad no se descarta con el precedente de 2003, cuando el Museo Nacional de Indígenas Americanos devolvió a la comunidad indígena de Yateras, Guantánamo, los restos de siete personas sacadas durante la misma expedición de la Heye Foundation, para que fueran enterradas en las tierras sagradas de sus ancestros.
Por su parte, a las pinturas rupestres que se han descubierto en el país las envuelve un gran misticismo, y se mantiene en pie el reto de descifrar los significados y códigos visuales que estuvieron dirigidos a una comunidad que ya no puede servirnos de intérprete. Esas pinturas son testimonios del desarrollo de un pensamiento abstracto que configuró una cosmogonía particular y buscó entender e interactuar con el entorno natural con los recursos y conocimientos que tuvo disponibles. Son, por lo general, líneas y figuras geométricas, con una gran recurrencia de círculos concéntricos.
También existen impresiones de manos y dedos, así como dibujos antropomorfos, algunos muy bien definidos como los arqueros, que certifican más allá de la documentación histórica, el uso de estas armas por las comunidades locales. El mayor volumen de pinturas rupestres del país se concentra en la provincia de Matanzas.
En general, usaron dos técnicas, la pintura y el grabado, en ocasiones combinada. Resulta interesante notar que más de la mitad de las representaciones son puramente pictográficas. En cambio, en la región oriental del país predominan las petroglíficas, en especial las que emplearon herramientas más complejas para conseguir un trabajo más escultórico, de mayor calado que el rayado realizado con herramientas punzantes. En Cuba, además, se encuentran dos de los tres ejemplos documentados en el Caribe de rayado sobre ahumado, uno de ellos en Pinar del Río.
Predomina el negro y el rojo en las pinturas. En el oriente de la Isla solo se utilizó el primero. Para ello emplearon pigmentos minerales, carbón vegetal para el negro y óxido de hierro para el rojo. También se ha encontrado el uso puntual de blanco (caliza) y gris (ceniza). Investigaciones recientes en la Cueva de la Espiral (Artemisa), han apuntado la posibilidad de que emplearan guano de murciélago en las coloraciones.
La función o significado de muchas de estas pinturas abre un horizonte de interpretaciones muy amplio y complejo, que permitiría un conocimiento más profundo de las culturas prehispánicas que habitaron el país y su sistema de pensamiento. Fernando Ortiz, por ejemplo, en su estudio de las pictografías de la cueva Punta del Este, de la Isla de la Juventud, la cual exploró desde 1922, consideraba que tenían un significado astronómico. Allí figuran múltiples círculos concéntricos en rojo y negro con flechas que marcan el movimiento del sol. Según él, el rojo era el día y el negro la noche. Teniendo en cuenta la cantidad de círculos, planteó que representaban el período sinódico de la Luna, y al ser iluminados por el sol en ocasiones especiales, señalaban solsticios y equinoccios.
El estudio conjunto de las pinturas y el espacio donde se localizan, desde el cual pueden verse varios astros, enriquece la lectura y la hace más precisa y objetiva, posibilitando sobre una mirada estética, un análisis antropológico clarificador. El reto está planteado a los especialistas, y a todos nosotros la invitación a conocer más de cerca la producción artística de los aborígenes cubanos que hasta hoy se ha documentado.
En Cuba no se le ha prestado debida atención al arte aborigen, y el desconocimiento general que sobre él existe es tan profundo que opaca o anula su existencia.
Normalmente los libros de historia del arte comienzan por el principio. Así ilustran las primeras expresiones artísticas de las comunidades aborígenesde distintas zonas del mundo, aun cuando se desarrollaron en períodos dispares. En Cuba, sin embargo, no se le ha prestado debida atención al arte aborigen, y el desconocimiento general que sobre él existe es tan profundo que opaca o anula su existencia. Ni siquiera en las carreras universitarias especializadas en arte se le incluye, qué decir de lo que pueda mencionarse en otros niveles de educación donde el arte, en general, es un tópico excluido.
Incluso, para quienes de manera independiente quieran estudiarlo, resulta complejo encontrar información amplia e ilustrativa, pues la historia del arte cubano no lo ha incorporado. Los pocos textos que la sistematizan, inician con artistas correspondientes a los primeros siglos coloniales, y la búsqueda de las raíces prehispánicas liderada por artistas y escritores de la primera mitad de la República se estudia como un gesto de profundo romanticismo, sin basamento científico alguno.
Desconocer esta producción artística, no significa que no esté ni sea digna de reconocimiento y protección patrimonial. Afortunadamente, en las últimas décadas es una materia en la que se avanza, si no de la mano de historiadores, sí de arqueólogos y antropólogos que, auxiliados por el grupo cubano de espeleología, cada año identifican nuevos sitios donde se conservan manifestaciones artísticas de los primeros pobladores cubanos.
De este modo, hoy se reconocen casi 250 estaciones de arte rupestre en todo el país (salvo en la provincia Las Tunas, de momento), las cuales pueden incluir varias cavernas. Mucho se ha recorrido desde que en 1839 se hiciera mención por primera vez de un descubrimiento de este tipo en Camagüey, y pasara de una simple nota periodística a ser objeto de estudio transdisciplinar. Todo ello ha estado subordinado a la evolución teórica que a nivel internacional ha reestructurado la mirada sobre las manifestaciones del arte de la prehistoria, no obstante, hemos demorado en darle al nuestro justo mérito.
Inicialmente, fue apenas objeto de comentarios en publicaciones no especializadas que daban fe de los hallazgos. En el siglo XIX hubo varias, la de 1839 de la cueva Seña María Teresa, incluida en 1841 por Gertrudis Gómez de Avellaneda en su novela Sab; y otras entre las décadas de 1840 y 1880 en Holguín, Guantánamo e Isla de la Juventud.
Entonces comenzó el interés coleccionista por parte de algunos cubanos, entre los cuales llegaron a formarse colecciones notables como la de Federico Rasco y Ruiz, coronel del Ejército Libertador. Durante sus campañas en Oriente, Rasco y Ruiz se hizo de unos 46 objetos museables entre vasijas, hachas petaloides, ídolos, un rallador de casabe, un majador, un dujo (asiento), etc. También estuvo la colección del profesor holguinero Eduardo García Feria, quien la llegó a catalogar y documentar científicamente. Ambas, luego formaron parte de museos públicos: el Museo Antropológico Luis Montané Dardé de la Universidad de La Habana (1903), y el Museo Histórico Provincial de Holguín, respectivamente.
Valga decir que en otros museos provinciales se han exhibido y exhiben piezas prehispánicas como un registro arqueológico de las poblaciones que las habitaron, lo cual no implica que hayan sido suficientemente estudiadas, divulgadas, ni aprovechadas para construir la historia cultural de la Isla. Son asuntos pendientes que parece irán saldándose, como se hizo en las últimas tres décadas con el estudio del sitio arqueológico Los Buchillones (Ciego de Ávila) y las colecciones de cuatro museos de Ciego de Ávila que reúnen piezas de esta estación arqueológica. Gracias al análisis integrador de dichas colecciones se pudo conocer mejor la comunidad aborigen que habitó Los Buchillones entre los siglos X y XVI, su capacidad en la creación de objetos de uso ceremonial y utilitario (doméstico y herramientas), así como la especialización de algunos individuos en su fabricación y uso.
A inicios del siglo XX hubo más hallazgos. El propio Fernando Ortiz fue de los investigadores más comprometidos con el estudio y desciframiento de las pinturas rupestres encontradas. Su obra Historia de la arqueología indocubana, publicada en 1935, puso toda la atención sobre un acercamiento científico hacia este tema en el país, que en lo adelante comenzó a documentarse consecuentemente.
En 1940, se fundó la Sociedad Espeleológica de Cuba, que ha tenido un papel fundamental en la localización del arte rupestre aborigen, que en el 98% de los casos en Cuba se encuentran en el interior de cuevas y abrigos. El gran interés de sus miembros en el estudio de esta manifestación conllevó a que de ella surgiera en 2006 el Grupo Cubano de Investigaciones de Arte Rupestre, que reúne una treintena de especialistas. Reconociendo la base fundamental proporcionada por el trabajo de otros investigadores a lo largo del siglo XX, en especial de Antonio Núñez Jiménez; puede decirse que el momento actual es el de mayor productividad científica en torno al arte prehispánico en Cuba, lo que se constata en el alto número de estudiosos, el mayor volumen de publicaciones y el rigor científico con que se acometen.
No son pocas las dificultades que los investigadores han tenido para consolidar sus resultados, y sobre todo para su publicación. La falta de divulgación y lo disperso de las publicaciones invisibiliza su trabajo, con lo que persiste la idea generalizada de que hay poco avance científico en este tema, el cual sigue fuera del dominio y conocimiento popular. Esto lógicamente también afecta la protección de las obras, así como su integración a los estudios de historia del arte.
Para intentar cortar esa brecha, en el próximo artículo comentaremos algunas características de la huella pictórica que por toda Cuba pervive del pasado aborigen.
Los especialistas advierten que sitios declarados Monumento Nacional han sido vulnerados sin consecuencias visibles.
La comunidad arqueológica cubana publicó una carta abierta en la que expresa su “creciente preocupación” ante el aumento sostenido del expolio del patrimonio arqueológico en la Isla y la normalización del uso de detectores de metales y la venta de piezas antiguas en redes sociales.
El documento, suscrito por más de 50 arqueólogos, historiadores, espeleólogos, investigadores y académicos cubanos y extranjeros, advierte que estas prácticas “constituyen una amenaza directa a la integridad de los sitios arqueológicos y a la preservación de la memoria histórica de la nación“.
Los firmantes subrayan que la extracción de materiales sin autorización, incluso cuando se presenta como “rescate” o “coleccionismo responsable”, provoca “la destrucción irreversible de los contextos arqueológicos” y la pérdida de información científica esencial. “El patrimonio arqueológico no está constituido únicamente por objetos materiales, sino por las relaciones contextuales que estos mantienen con el espacio, la estratigrafía y otros vestigios asociados”, señalan.
Brecha entre la ley y su aplicación
La carta publicada por Cuba Arqueológica recuerda que la Ley 155/2022 establece que los sitios arqueológicos son bienes culturales protegidos y que cualquier intervención requiere autorización oficial. Sin embargo, los especialistas afirman que “el problema no es la ausencia de un marco legal, sino la brecha persistente entre la normativa y su aplicación efectiva”.
Como ejemplo, mencionan el caso de Ceja del Negro/Loma Blanca, en Pinar del Río, un sitio declarado Monumento Nacional que habría sido vulnerado recientemente. El episodio, advierten, demuestra que “ni siquiera la máxima categoría de protección patrimonial garantiza, en la práctica, la preservación de estos espacios” y se preguntan: “¿qué futuro les espera a los cientos de sitios arqueológicos que no cuentan con esa condición jurídica?”.
El papel de las redes sociales
Los arqueólogos también alertan sobre la influencia de las plataformas digitales en la expansión del fenómeno. Según el texto, la difusión de videos y publicaciones sobre búsquedas con detectores de metales y venta de artefactos “contribuye a naturalizar prácticas ilegales, a trivializar el daño patrimonial y a fomentar circuitos de tráfico ilícito que trascienden el ámbito nacional”.
Llamado a las instituciones
Ante este panorama, la comunidad arqueológica exige a las autoridades que “se cumplan y hagan cumplir las leyes vigentes, se investiguen las denuncias presentadas, se adopten medidas efectivas de protección y se sancionen las prácticas que atentan contra el patrimonio cultural“.
El documento insiste en la necesidad de fortalecer la educación patrimonial y promover la idea del patrimonio como un bien común. “La defensa del patrimonio arqueológico no es una causa corporativa ni un interés sectorial. Es una responsabilidad ética, científica y social que concierne a toda la nación”, afirman. Cada sitio destruido, añaden, representa “una pérdida irreversible de historia, de memoria y de soberanía cultural. Guardar silencio ante este proceso equivale a ser cómplices de su desaparición”.
La carta, fechada este mes de enero de 2026, continúa abierta a adhesiones.
Primer registro contextualizado de la época Huari en territorio chalaco aporta información clave sobre las prácticas funerarias prehispánicas en la costa central del Perú.
Más de tres mil contextos funerarios, entre ellos más de cincuenta correspondientes a la ocupación Huari, fueron recuperados durante el Proyecto de Rescate Arqueológico El Cementerio, desarrollado en el distrito de Ventanilla, con la asistencia técnica de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Callao.
Los hallazgos se dieron a conocer en una ceremonia realizada en la DDC Callao, en la cual, la empresa Petramás presentó los hallazgos más relevantes, entre los que destacaron fardos funerarios con falsa cabeza, máscaras, textiles, vasijas y diversos objetos rituales.
El evento contó con la participación de la directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Janie Gómez Guerrero, quien destacó el alto valor histórico del hallazgo y el trabajo articulado entre el Estado y la empresa privada para la investigación, conservación y protección del patrimonio cultural.
“Este hallazgo representa un aporte trascendental para la historia del Callao. La recuperación de más de tres mil contextos funerarios, debidamente documentados, nos permite comprender mejor la organización social de las poblaciones prehispánicas. Asimismo, este proyecto evidencia la importancia del trabajo articulado entre el Estado y la empresa privada para la investigación, conservación y protección de nuestro patrimonio arqueológico”, afirmó la funcionaria.
El Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA) fue ejecutado por la empresa Petramás S.A.C. entre los años 2022 y 2024, y constituye el primer hallazgo contextualizado de la época Huari en territorio chalaco, aportando información clave sobre las prácticas funerarias y la ocupación prehispánica en la costa central del Perú.
El sitio intervenido corresponde a un cementerio prehispánico con ocupaciones diversas que se extienden desde el Horizonte Temprano hasta el periodo Intermedio Tardío, siendo la ocupación funeraria Huari (aproximadamente 550–1000 d. C.) la más densa y representativa del conjunto. Esta intervención fue aprobada mediante la Resolución Directoral N.º 141-2022-DCIA/MC, de fecha 13 de mayo de 2022.
Entre las instituciones y personalidades que participaron en la presentación de los hallazgos destacaron la presencia de la Dra. Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica de Caral; representantes de la Marina de Guerra del Perú; del Gobierno Regional del Callao; así como autoridades de las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao, junto a otras organizaciones vinculadas al ámbito cultural.
Estaba situada en un lugar estratégico para el comercio.
En los suelos áridos de un país de Latinoamérica, la ciencia volvió a descubrir lo imposible. Un equipo de arqueólogos encontró una ciudad perdida de más de 3.500 años de antigüedad.
Este hallazgo sorprende ya que, por las investigaciones, es más antigua que otras ciudades que estaban en el top 1.
Lo que encontraron abre una nueva ventana sobre cómo se organizaron los primeros centros urbanos del continente.
En este país de América Latina se descubrió una ciudad entera
Se trata de Peñico, ubicada en la zona norte central de Perú. Allí existió una sofisticada sociedad capaz de levantar pirámides, plazas circulares y enormes plataformas mientras mantenía relaciones con diferentes ecosistemas del país.
Una de las investigadoras a cargo fue Ruth Shady, una antropóloga, arqueóloga y educadora peruana, reconocida por su labor de revalorización y datación del sitio arqueológico de Caral.
Ruth declaró que el descubrimiento era importante para comprender qué fue de la civilización de Caral después de que fuera eliminada por el cambio climático.
“La comunidad de Peñico estaba situada en un lugar estratégico para el comercio, para el intercambio con sociedades de la costa, la sierra y la selva”, afirmó Shady.
Características de la ciudad encontrada en América Latina
Se cree que esta ciudad de 3.500 años de antigüedad fue un importante centro comercial que conectaba a las primeras comunidades y es más antigua que Machu Pichu.
Está situada a unos 200 km al norte de Lima, el yacimiento se encuentra a unos 600 metros sobre el nivel del mar y se cree que fue fundada entre 1.800 y 1.500 antes de Cristo, más o menos en la misma época en que florecieron las primeras civilizaciones en Oriente Próximo y Asia.
Los arqueólogos confirmaron que la investigación les llevó alrededor de ocho años y encontraron 18 estructuras. Entre ellas, templos ceremoniales, complejos residenciales y uno de los elementos más impactantes que es el componente arquitectónico conocido como B2.
Lo describen como un gran complejo público donde aparecieron relieves de pututus, instrumentos de caracol utilizados para ceremonias religiosas y convocatorias comunitarias.
Además, descubrieron objetos ceremoniales, esculturas de arcilla de figuras humanas y animales, collares de cuentas y conchas marinas.
La discusión sobre la presencia de concesiones salmoneras en áreas protegidas deja en evidencia una tensión que el nuevo marco legal aún no logra resolver, lo que se ve expresado en dos cuestiones de especial relevancia.
Desde Fundación Terram elaboramos el documento “Entre la Conservación y la Producción: Régimen Jurídico de la Industria Salmonera al interior de Áreas Protegidas”, que analiza las tensiones que existen entre el nuevo marco legal de protección de la naturaleza y el desarrollo de actividades productivas de carácter industrial en espacios destinados a la conservación de nuestro patrimonio natural.
En el texto se examina el régimen jurídico establecido por la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas conocido como Ley SBAP, y su aplicación concreta respecto de la industria salmonera, poniendo especial atención a la situación de las concesiones acuícolas ubicadas al interior de áreas protegidas, tanto en categorías de conservación estricta como en aquellas que admiten usos sustentables.
A partir de este análisis, el trabajo aborda las contradicciones entre los objetivos de preservación que declara la normativa y la presencia de la industria salmonera en áreas protegidas, evidenciando los desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para traducir sus estándares legales en una protección efectiva del territorio.
La discusión sobre la presencia de concesiones salmoneras en áreas protegidas deja en evidencia una tensión que el nuevo marco legal aún no logra resolver, lo que se ve expresado en dos cuestiones de especial relevancia.
Por una parte, la Ley SBAP declara con fuerza que existen espacios cuyo destino prioritario es la preservación de la biodiversidad, estableciendo categorías de protección estricta como parques nacionales, monumentos naturales y reservas de región virgen, en las que la actividad productiva e industrial simplemente no tiene cabida.
La preservación, entendida como no intervención y mantención de los procesos ecológicos, no admite interpretaciones flexibles cuando se trata de industrias de gran escala.
Sin embargo, esa claridad normativa se diluye al enfrentarse con la realidad: hoy existen 409 concesiones salmoneras vigentes al interior de áreas protegidas, precisamente en espacios donde la ley prohíbe la explotación con fines comerciales y el otorgamiento de concesiones sectoriales.
De ellas, una parte relevante corresponde a concesiones de duración indefinida, mientras que otras mantienen una vigencia de 25 años, lo que acentúa la tensión entre el régimen de preservación y la permanencia de actividades productivas en el tiempo.
El problema no es solo técnico ni ambiental, sino profundamente jurídico e institucional. El sistema reconoce la incompatibilidad, pero evita asumir sus consecuencias, trasladando el conflicto a soluciones administrativas como la relocalización, que postergan indefinidamente una decisión que debiera emanar del propio régimen legal.
Así, la preservación deja de operar como un mandato efectivo y se transforma en una referencia meramente declarativa, cuyo cumplimiento queda supeditado a decisiones futuras, vaciando de contenido práctico las prohibiciones que la propia ley consagra.
Por otra parte, la ley reconoce categorías que admiten actividades de uso sustentable, entre las cuales están las Reservas Nacionales. En términos generales y abstractos, dadas las características propias de la industria salmonera, su calificación como una “actividad de uso sustentable” es cuestionable y, por lo tanto, la tensión en esta categoría de área protegida se produce ya que admitir la posibilidad de desarrollo de dicha industria en su interior pugna expresamente con los objetivos de conservación y protección ambiental perseguidos por la Ley N°21.600.
El resultado es un sistema que declara altos estándares de protección, pero que en la práctica deja amplios márgenes para que intereses productivos sigan operando al interior de espacios formalmente protegidos.
Mientras no se aborde de manera directa la permanencia y el otorgamiento de concesiones incompatibles con los fines de preservación, el nuevo sistema de áreas protegidas corre el riesgo de consolidarse como un régimen ambicioso en el papel, pero débil frente a las decisiones políticas y administrativas que determinan su aplicación efectiva.
A ello se suma que, pese al objetivo de ordenar y dar coherencia a la dispersión normativa previa, persisten inconsistencias relevantes con los estándares internacionales de conservación. En particular, la permanencia de concesiones acuícolas en Parques Nacionales y la posibilidad de desarrollar salmonicultura en Reservas Nacionales tensionan las directrices de la UICN y los compromisos asumidos por Chile en la Convención de Washington.
En este escenario, la presencia actual y futura de la industria salmonera en áreas protegidas dista de ser una cuestión resuelta. Se trata de una discusión que excede el debate sobre estándares productivos y que obliga a repensar el rol de estas áreas como espacios destinados prioritariamente a la preservación de valores ecológicos, sociales y culturales.
Abordar este conflicto con claridad jurídica y definiciones institucionales explícitas resulta clave para otorgar certezas tanto a la ciudadanía como a los actores involucrados.
Diego Rojas Catalina Salazar Abogados de Fundación Terram
La designación se produjo durante la Primera Sesión Extraordinaria del órgano y posiciona al país en un escenario clave para la cooperación internacional en la recuperación del patrimonio cultural en casos de apropiación ilícita
Desde la presidencia, Colombia orientará la agenda de trabajo y coordinará las sesiones del Icprcp – crédito Cancillería de Colombia
Colombia fue elegido presidente del Comité Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (Icprcp), una instancia decisoria creada para facilitar el diálogo entre Estados y promover mecanismos que permitan la devolución de bienes culturales trasladados o retenidos de manera irregular.
La elección se llevó a cabo durante la Primera Sesión Extraordinaria del Icprcp y representa un hecho relevante para la política exterior colombiana en el ámbito cultural. Con esta designación, el país asume un rol de coordinación y liderazgo en uno de los espacios multilaterales dedicados a la protección del patrimonio cultural y a la búsqueda de soluciones concertadas frente a controversias relacionadas con la propiedad y restitución de bienes culturales.
Un órgano clave en la protección del patrimonio cultural
El Icprcp fue establecido por la Unesco como un mecanismo complementario a los instrumentos jurídicos internacionales existentes, con el objetivo de ofrecer un espacio de negociación cuando los procesos judiciales o los tratados vigentes no resultan suficientes para resolver disputas sobre bienes culturales. Su labor se centra en fomentar acuerdos bilaterales o multilaterales, facilitar la mediación entre Estados y promover principios de cooperación, entendimiento mutuo y respeto por la diversidad cultural.
En su calidad de presidente del comité, Colombia tendrá entre sus funciones dirigir las sesiones, coordinar la agenda de trabajo y orientar las discusiones hacia la adopción de recomendaciones y decisiones que fortalezcan la restitución de bienes culturales a sus países de origen. Además, deberá propiciar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y respaldar iniciativas que busquen prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural.
El liderazgo del comité implica también representar al Icprcp ante otros órganos de la Unesco y en escenarios internacionales relacionados con la protección del patrimonio. Desde esta posición, Colombia participará en la articulación de estrategias que promuevan la cooperación técnica y el acompañamiento a los países que enfrentan dificultades para recuperar bienes culturales que forman parte de su memoria histórica.
Según informó la Cancillería de Colombia, la presidencia del comité se logró gracias al trabajo sostenido y de la gestión adelantada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, junto con la embajadora y delegada permanente de Colombia ante la Unesco, Laura Guillem, orientados al posicionamiento del país en los espacios multilaterales vinculados a la cultura, la ciencia y la educación. Estas gestiones permitieron consolidar apoyos y destacar el compromiso colombiano con la defensa del patrimonio cultural.
Relevancia para Colombia de liderar el comité de la Unesco
El liderazgo de Colombia permitirá promover el respeto por la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos – crédito Colprensa
La elección de Colombia para asumir este rol en la Unesco reafirma la participación activa en los debates internacionales sobre un fenómeno que afecta de manera particular a países con una riqueza arqueológica, histórica y artística significativa.
La participación en este nivel de liderazgo facilita el intercambio de experiencias sobre políticas públicas, marcos normativos y estrategias de protección del patrimonio cultural. Esto puede traducirse en un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales para la prevención del tráfico ilícito y la recuperación de bienes culturales que hacen parte del acervo histórico colombiano.
Paralelamente, la designación también consolida la imagen del país como un actor con capacidad de liderazgo en temas culturales dentro del sistema multilateral, al tiempo que refuerza su compromiso con los principios de cooperación, diálogo y negociación que promueve la Unesco, lo que permitirá al país participará activamente en la promoción de estándares internacionales orientados a la protección del patrimonio cultural y en la sensibilización sobre los efectos de la apropiación ilícita de bienes culturales, tanto para las comunidades de origen como para la preservación de la diversidad cultural a nivel global.
Para proteger el patrimonio cultural de la Nación, la Revolución de Octubre de 1944 creó el Instituto de Antropología e Historia.
El 22Nov2025 publiqué Patrimonio Cultural al borde del abismo, denunciando el desprecio institucional por el urbanismo y los edificios protegidos en la declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y Conjuntos Históricos. Hoy, la preocupación es otra. Trata de pinturas e imaginería religiosa de los siglos XVI, XVII y XVIII, muebles y otros objetos de Santiago de Guatemala que hasta pocos días atrás albergó el Museo de Arte Colonial. Museo fundado por el Patronato de Amigos de Antigua Guatemala en 1936, cuando vecinos y autoridades actuaban en armonía. Se asentó en el antiguo edificio de la Universidad de San Carlos. Monumento de claustro central, hoy desarticulado de otros componentes: Colegio Tridentino, capilla, Colegio de Indios y huerta; su rica unidad arquitectónica revela la magnificencia del conjunto que ocupó la manzana entera.
Para proteger el patrimonio cultural de la Nación, la Revolución de Octubre de 1944 creó el Instituto de Antropología e Historia. Así, en 1950 formalizó el vínculo con la municipalidad, propietaria del inmueble, para ocupar el edificio y exponer otras colecciones rescatadas de iglesias en ruina de la región. La figura legal fue el usufructo por 25 años, renovable por simple cruce de cartas. La última fue en 2013, por quince años, por lo que en 2028 habrá de hacerse nuevo trámite.
Como suele suceder cuando la administración pública actúa de manera irregular, el 29Dic2025 el Museo fue allanado con una inusual y aparatosa actividad liderada por la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público, según orden del Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez y apoyado por un fuerte contingente policíaco. El objetivo, desalojar 198 obras que están siendo trasladadas para su resguardo al Palacio Nacional. La razón, un dictamen del Consejo Nacional para la Protección de LaAG (CNPAG), que advierte que “piezas con más de tres siglos de antigüedad sufren un deterioro progresivo”.
A mi parecer, esa inusual eficiencia y acción judicial tiene dos posibles causas: desconocimiento y/o perversidad. De la primera, en todos los museos del mundo hay obras dañadas; de ahí la existencia de talleres de restauración. El Museo de Arte Colonial lo tuvo. El Ministerio de Cultura y Deportes luce ausente, siendo responsable del estado de las obras de arte a su cargo. De la segunda, hay intereses creados, tirria a la cultura y celos institucionales.
Las últimas dos administraciones municipales han despreciado la existencia del CNPAG. Ilógica actitud, ya que, por ley, el alcalde lo preside. Es el brazo técnico y de especialización por cuyo esfuerzo la ciudad hoy vale lo que vale; además del hecho que en la década de 1970 LaAG fue reconocida como ejemplo de puesta en valor y conservación; y en la de 1980, en particular por la reestructuración y restauración de los monumentos daños por los terremotos del 4 y 6 Feb1976. Junto a su rechazo, le han coartado el uso de edificios y áreas concedidas para el desempeño de sus funciones. Y, al autorizar proyectos atentatorios a la integridad de la ciudad histórica, las autoridades municipales violan las leyes de protección vigentes.
Las acciones judiciales de unos y la ausencia del otro acabaron por empujar el patrimonio cultural al abismo. Ante esa realidad, como consecuencia del desalojo de las obras de arte, y, ahora sí, de su incierto estado, el temor actual es ver el antiguo edificio de la Universidad convertido en vulgares oficinas públicas, en clara violación al artículo 16 de la Ley Protectora, sobre el uso indigno de los monumentos.
Por osé María Magaña Arquitecto -USAC- / Conservador de Arquitectura -ICCROM-. Residente restauración Catedral Metropolitana y segundo Conservador de La Antigua Guatemala. Cofundador de la figura legal del Centro Histórico de Guatemala.
Caribe colombiano. — Tras más de tres siglos de silencio bajo las aguas del mar Caribe, el legendario galeón español San José comienza a revelar parte de su historia. En un hecho sin precedentes para la arqueología submarina del país, Colombia logró la recuperación de los primeros objetos del emblemático navío hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena, durante un enfrentamiento naval entre las flotas española e inglesa.
El San José, considerado uno de los naufragios más valiosos y enigmáticos del mundo, formaba parte de la Flota de Tierra Firme y transportaba un cargamento de oro, plata y piedras preciosas procedentes del Virreinato del Perú. Su hundimiento, ocurrido en plena Guerra de Sucesión Española, selló el destino del barco y de cientos de tripulantes, convirtiéndolo en un símbolo histórico y, durante décadas, en objeto de disputas internacionales y especulación.
Los recientes trabajos de exploración, liderados por el Estado colombiano con apoyo de tecnología oceanográfica de alta precisión, permitieron extraer piezas representativas del pecio ubicadas a más de 600 metros de profundidad. Entre los objetos recuperados se encuentran elementos de uso cotidiano y militar, como monedas, fragmentos de cerámica, piezas de artillería y otros artefactos que ofrecen nuevas pistas sobre la vida a bordo y el contexto histórico del galeón.
Autoridades y expertos han sido enfáticos en señalar que la operación no tiene un carácter comercial, sino científico y patrimonial. El objetivo principal es preservar y estudiar los restos del San José como un bien de interés cultural sumergido, respetando los estándares internacionales de arqueología submarina. Cada objeto recuperado es tratado como una fuente de información histórica, más que como un tesoro económico.
La complejidad de la misión radica tanto en la profundidad del naufragio como en las condiciones del entorno marino. Vehículos operados remotamente, cámaras de alta definición y brazos robóticos especializados han sido fundamentales para documentar y extraer las piezas sin alterar el sitio arqueológico. Este proceso ha marcado un avance significativo en las capacidades científicas y tecnológicas de Colombia en exploración marina profunda.
Para historiadores y arqueólogos, los hallazgos permiten reconstruir aspectos clave del comercio colonial, las rutas marítimas del imperio español y la dinámica de los conflictos navales del siglo XVIII. Además, refuerzan la importancia del mar como un archivo histórico que aún guarda innumerables relatos sobre el pasado del país y de la región.
El Gobierno Nacional ha anunciado que los objetos recuperados serán sometidos a procesos de conservación y análisis, con miras a su futura exhibición en un museo especializado. La iniciativa busca acercar este patrimonio sumergido a la ciudadanía, promoviendo la memoria histórica y el conocimiento sobre el legado marítimo colombiano.
La recuperación de los primeros objetos del galeón San José marca así un punto de inflexión para la arqueología submarina en Colombia. Más allá del debate sobre el valor material del naufragio, el hallazgo reafirma que el verdadero tesoro reside en la historia que emerge desde las profundidades del mar y en la responsabilidad de preservarla para las generaciones futuras.
