Interpol Argentina recuperó invalorables documentos históricos del general José de San Martín tras realizar una investigación supervisada por el secretario de Seguridad, Sergio Berni. “El tráfico ilícito de bienes culturales es un delito se desarrolla en un ámbito de economía oscura. En este caso se trata de documentos muy importantes, de gran valor histórico para la Argentina porque fueron firmados por el máximo prócer de nuestra patria”, aseguró el funcionario.
Los investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) rastrearon pacientemente a una persona que ofrecía ese material histórico a través de redes de la web profunda a coleccionistas privados. La pesquisa, que llevó más de cinco meses, condujo al allanamiento de dos domicilios del barrio Telefónico, localidad tucumana de Yerba Buena.
En los procedimientos se incautó un lote de documentos históricos de principios de 1800, pertenecientes al Archivo General de la Nación. Entre ellos se encontraban documentos rubricados por San Martín, destacándose el denominado Bando Histórico de 1815.
La proclama, que dispone una serie de medidas, fue firmada por San Martín el 14 de agosto del año 1815 cuando se desempeñaba como gobernador interino de la provincia de Mendoza y que había sido robada de un museo de esa provincia.
“Este es el resultado de una investigación que duró ocho meses y en la que participaron efectivos del departamento Interpol de la fuerza con la división Patrimonio Cultural”, informó el subcomisario Daniel Osvaldo Macías.
El martes a la noche se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la avenida presidente Perón y pasaje Patrio, en el barrio Telefónicos de Yerba Buena, ciudad ubicada en el límite oeste de la capital tucumana, y se encontró el documento en el lugar.
Las actuaciones fueron desarrolladas por efectivos de la Delegación Tucumán de Policía Federal, con autorización del juez federal Fernando Poviña, y según lo informado por Macías no hubo detenciones por el momento. “La investigación se inició con un análisis de campo luego de un alerta que recibimos por un ofrecimiento del bando realizado a través de internet”, explicó el subcomisario.
Extraoficialmente se supo que se pedían 300 mil pesos para entregar el histórico documento que según los especialistas tiene un valor de 500 mil pesos.
El acervo secuestrado fue remitido al Archivo General de la Nación.
