Por qué es fácil robar obras de arte en Córdoba

Por: Sergio Carreras

La arquitecta y profesora universitaria cordobesa María Rebeca Medina es una conocida especialista en rehabilitación y gestión del patrimonio cultural. Es también una de las autoridades organizadoras de las próximas jornadas de patrimonio y arte litúrgico que se realizarán por primera vez en Córdoba, en noviembre, que se han propuesto como uno de sus objetivos reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio religioso.

“¿Qué es el patrimonio cultural? Por lo general, las leyes sobre el tema comienzan con la definición de qué se entiende por patrimonio y qué se entiende por bien cultural. Es lo primero por definir para que se puedan aplicar las normas. La ley nacional que crea la Comisión Nacional de Monumentos y que luego se actualiza, nos dice que patrimonio cultural es todo lo que hace a la memoria y a la identidad de un pueblo. Ese patrimonio se entiende como un conjunto de bienes muebles e inmuebles, no dice de quién es, sino que primero se trata de identificar esos bienes. Para ello, la Nación, la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba tienen la responsabilidad de elaborar legislaciones. Si están bien hechas, deben definir qué es patrimonio y cuáles bienes lo integran. A partir de ahí uno puede saber si puede conservar lo que es público, conservar lo que es privado o conservar todo, porque en realidad lo que se protege es el derecho a poder aprender, disfrutar y enriquecerse a partir de ese bien, sin importar si es público o privado”.

Conservación

–¿Cómo se asegura el derecho a disfrutar de ese patrimonio cuando se trata de bienes cuya propiedad es privada, como sucede en el caso del patrimonio religioso?

–En el caso de la provincia de Córdoba es bastante fácil porque la Constitución, en el artículo 65, dice que el Estado es el responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, de los bienes arqueológicos, históricos, artísticos y paisajísticos. Y el artículo termina diciendo que eso debe hacer el Estado, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de esos bienes. Esto es, la Provincia debe proteger un patrimonio que es tanto público como privado. El patrimonio público entra en la protección de hecho. Ahora, el privado exige convenios entre la Nación o la Provincia con el propietario privado. A los fines de la legislación, la Iglesia Católica es un propietario privado, por lo que si el Estado considera que los bienes de esa Iglesia o de cualquier otra son parte de la memoria de la comunidad, debe hacer un convenio con ella. A partir de ese acuerdo se tienen que establecer los procedimientos para estudiar los bienes culturales de esa Iglesia.

–¿Córdoba ya realizó esos convenios con la Iglesia Católica?

–Existen acuerdos, en el caso de los monumentos históricos, como ocurre en la estancia Santa Catalina, donde si bien no hay un convenio firmado, siempre ha habido un acuerdo de parte con sus propietarios. Estos convenios suelen ser complicados en el tiempo por la forma que tenemos de gestionar nuestros bienes culturales, con una estructura tan centralizada en Buenos Aires.

Necesidad de convenios

–¿Alguna vez la Provincia o la Municipalidad de Córdoba hicieron esos convenios para proteger bienes del patrimonio religioso?

–Que yo sepa no. Lo otro que deberíamos aclarar es que, para poder aplicar las leyes de patrimonio, son necesarios los inventarios de bienes. Esos inventarios deben existir a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. ¿Qué es el inventario? Es una lista, en el mejor de los casos un catálogo que tiene datos, la ficha, las fotos de cada bien y tiene además una valoración. Una ficha de inventario como las de la comisión nacional incluye como 15 hojas de información por cada bien, porque solicita incluso su valoración y el tipo de intervención que uno puede hacer, por ejemplo con un edificio. Si el bien no está inventariado, la ley no es aplicable. Y la mayoría de inventarios que existen están hechos sobre bienes inmuebles, no sobre muebles u objetos.

–Para el Estado entonces, ¿un bien “no existe” si no está inventariado?

–Para la legislación, si usted quiere proteger un bien pero no tiene ley, no tiene convenio y no tiene el catálogo o inventario, no le puede decir al privado que lo tiene que cuidar. Primero está la ley y la ley me dice que yo tengo que hacer el inventario.

–¿De quién es la responsabilidad de hacer esos catálogos?

–De la Nación, de la Provincia y de la Municipalidad. Con el inventario y estando un bien inscripto ahí, entonces el Estado tiene que haber hecho convenios para poder investigar y conservar.

–Entonces, Córdoba no ha hecho convenios, ¿y tampoco tiene inventarios?

–De bienes inmuebles, sí hay.

–¿Pero de bienes objetos culturales, como de pinturas religiosas o piezas arqueológicas?

–Que yo conozca no. Pero pueden existir.

–Pero si no los conoce usted que es una autoridad en el tema es porque…

–Soy especialista en bienes inmuebles, no tanto en la parte artística. La mayoría de esas pinturas, esculturas y obras sacras están dentro de edificios, de una catedral, y al estar protegido el edificio, de hecho está protegido lo que hay adentro.

–Para protegerlos, primero hay que saber que están adentro.

–Hay que saber lo que hay adentro, por eso son necesarios los inventarios. En el caso de la Iglesia Católica de Córdoba, ese inventario debe tenerlo el Arzobispado.

La estrella

– La Manzana Jesuítica, que es como la estrella del patrimonio cultural cordobés, ¿debería tener un inventario propio detallado?

–Debería tenerlo la Compañía de Jesús.

–Hay otras instituciones en la misma manzana: el colegio Monserrat, la Universidad.

–Lo que es sacro está a cargo de la Compañía. El Monserrat corresponde a la Nación, el Salón de Grados, que es parte del Patrimonio de la Humanidad, a la Universidad.

–¿Cómo es posible que no se sepa si el mayor tesoro cultural con el que Córdoba intenta venderse culturalmente al exterior tiene o no un inventario de sus bienes culturales y que, en caso de que exista, no sea difundido?

–Probablemente, la Compañía lo tenga. Quizá solamente tenga una lista.

–¿Cómo se comienza a mejorar esta situación?

–Siempre a partir de la realización de convenios de la Nación y la Provincia, que son los responsables, con los propietarios privados, que en el caso de Córdoba son iglesias y órdenes religiosas. En España, que podemos considerar un país con una organización institucional similar al nuestro y que junto con Italia tiene las mejores legislaciones en protección de patrimonio, tienen una ley que involucra todo tipo de bienes. Es similar a la que tenemos en Argentina pero mucho más desarrollada, que implica la regulación de todo lo que sean los catálogos e inventarios, e inmediatamente después los convenios con los dueños privados de los bienes, tanto religiosos como civiles. Estando en las Islas Canarias participé de un equipo de profesionales que realizó inventarios de bienes culturales en Tenerife, y el equipo tenía arquitectos, restauradores artísticos y arqueólogos. El Gobierno armaba una agenda y teníamos permiso para ingresar a las iglesias y hacíamos el relevamiento del edificio y de todos los bienes artísticos, todos juntos, cada uno en su especialidad.

–Córdoba, con todo el orgullo por su historia…

–Bueno, pero tengamos en cuenta que tenemos 200 años menos de gestión que los españoles. Recién ahora estamos empezando a hablar de patrimonio. Las ordenanzas de la ciudad de Córdoba sobre patrimonio son recién de 1985. No hace tanto tiempo que el patrimonio comienza a ser parte de esta construcción de identidad. Las primeras maestrías de especialistas locales están saliendo recién en los últimos años y no se trata de una especialidad que tenga tanto campo de acción, porque nuestros servicios no son requeridos de forma habitual. La mayoría hacemos esto, en su mayor parte, porque nos gusta.

–¿Hasta cuándo se seguirá reaccionando recién frente a los robos consumados? 

–Es que no existen planes de manejo y de gestión, protocolos de intervención y vivimos actuando sobre el hecho consumado. Encontramos restos arqueológicos durante las excavaciones de una obra, pero no hay un protocolo que diga cómo actuar y recién ahí empezamos a llamar a especialistas para una comisión que demora dos o tres años hasta que se expide. Eso pasa porque los cambios de gestión política implican cambios de equipo de trabajo que demoran en volverse a conformar.

–Hacen falta políticas de patrimonio cultural.

–La Nación más o menos las venía armando, se venía trabajando en el tráfico ilícito de bienes culturales, tanto artísticos como arqueológicos, y ahí se ve la importancia de los inventarios. Interpol se maneja con esos registros para poder recuperar los bienes robados. Esos catálogos deberían existir, aunque no sean de acceso público, pero aunque sean un mero listado deberían estar.

–Son bienes privados, pero sobre los que existe un sentimiento de propiedad pública.

–Más que sentimiento, los cordobeses tienen derecho a conocerlos como parte de la comunidad a la cual esos bienes corresponden.

Interpol