Exactamente un mes después de la promulgación que permitía al Ministerio de Cultura firmar “convenios de gestión cultural” con entidades privadas para administrar sitios arqueológicos,se derogó. Esta es una clara expresión de la precaria institucionalidad política peruana: fue aprobada, cuestionada y suprimida sin mayor debate ni negociación.
Por Santiago Alfaro
Exactamente un mes después de su promulgación, el Congreso derogó el Decreto Legislativo 1198, que permitía al Ministerio de Cultura firmar “convenios de gestión cultural” con entidades privadas para administrar yacimientos arqueológicos. El proceso por el que transitó la norma es una clara expresión de la precaria institucionalidad política peruana: fue aprobada, cuestionada y suprimida sin mayor debate ni negociación.
A pesar de ello, considero que el marco legal propuesto diversificaba las opciones para proteger y promover el patrimonio cultural. Aunque son pocas, en el ámbito local existen ya iniciativas exitosas de gestión del patrimonio basadas en alianzas público-privadas. Quizá la más emblemática sea la del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, financiado a lo largo de su historia tanto por el INC y el Ministerio de Cultura como por la Fundación Backus, el World Monuments Fund (WMF) y la Universidad Nacional de Trujillo.
Entre 1994 y el 2012, dicho proyecto logró mejorar la conservación de las huacas, incrementar el flujo turístico del lugar de 2.000 visitantes anuales a 122.000 y multiplicar los restaurantes campestres de alrededor de 5 a 43. En ese sentido, el Decreto Legislativo 1198 habría podido institucionalizar y ampliar, potencialmente, los alcances de prácticas vigentes, capaces de poner en valor el patrimonio mediante la combinación de investigación, conservación, uso público y desarrollo local, tal como ha sucedido en el caso citado.
Asimismo, de modo internacional existen múltiples experiencias de alianzas público-privadas, conocidas en inglés como PPP (public-private partnerships), tanto en el patrimonio arqueológico como en el histórico. La fórmula no es nueva. En países como Holanda, por ejemplo, el progreso de los museos y teatros públicos ha sido notable por medio de un marco institucional que condiciona la entrega de subvenciones a la obtención de resultados por parte de los gestores privados.
Sin embargo, la participación privada en la gestión del patrimonio no resuelve todos sus problemas y suele focalizarse en casos muy particulares: donde la rentabilidad resulta segura o el interés se ajusta a un programa estable de responsabilidad social. En ese sentido, la inversión privada nunca llega a reemplazar la inversión pública, sino solo a complementarla. Además, puede generar efectos negativos, como una “disneylización” (trastorno o pérdida del valor cultural del pasado por priorizar objetivos comerciales) o la privatización de los beneficios económicos en desmedro del interés común.
EL EQUILIBRIO PÚBLICO-PRIVADO
La literatura especializada en el tema sugiere que las alianzas público-privadas, para ser exitosas, deben encontrar un equilibrio entre el valor cultural y el valor económico del bien patrimonial, y entre los intereses de todas las partes involucradas con relación a los tres componentes “r” en juego: recursos, responsabilidades y riesgos. Ello demanda que el sector público sea capaz de viabilizar y de regular la inversión privada, de modo que logre ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, sin mayores costos.
Entonces, la discusión no debería centrarse en si el sector privado debe gestionar el patrimonio o no, sino en las condiciones que tendría para hacerlo y en las capacidades, prácticas y legales, del Ministerio de Cultura para ejecutar, planificar estratégicamente y fiscalizar el proceso. En cualquier escenario, la profesionalización del Estado es ineludible.
Por esa razón, para garantizar el éxito de alianzas de este tipo no solo es necesario discutir sus alcances antes de convertirlas en ley. También es importante revertir las deficiencias de la administración de Diana Álvarez-Calderón: el débil posicionamiento de la agenda del sector cultural en el Gobierno y la opinión pública, la escasa generación de articulaciones y vínculos políticos con la sociedad civil, la infortunada negociación de partidas con el MEF y la carente priorización de los recursos en políticas de impacto social.
La inversión privada no puede ser confundida con la “privatización”, como tampoco la intervención pública con la “estatización”. En la política cultural, como en otros casos, ambos reduccionismos motivan debates estériles que distraen la atención sobre un hecho central: el bien público no se garantiza con un Estado empírico.
Tomado de: https://poder.pe/2015/11/11/00484-patrimonio-cultural-y-alianzas-publico-privadas/
Patrimonio Cultural: ¿cuál será el papel de la empresa privada?
La semana pasada se publicaron dos decretos en “El Peruano” que permitirán la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de cultura. La ministra Diana Álvarez-Calderón conversó sobre ellos en exclusiva con El Comercio.
— El martes se publicó un decreto legislativo que autoriza al Ministerio de Cultura otorgar a entidades públicas o privadas la administración del Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué va a implicar esa administración?
En primer lugar, la administración de bienes culturales es un modelo que se ha creado de manera ad hoc para Cultura. Es distinto a figuras como la concesión o la cesión en uso. En este caso, los bienes arqueológicos seguirán siendo de propiedad del Estado y se respetarán los tres principios de la Ley de Patrimonio Cultural: intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes culturales. El patrimonio arqueológico podrá ser gestionado tanto por entidades públicas como por privados, que van a poder dar una serie de servicios básicos en sitios arqueológicos.
— ¿Qué tipos de servicios van a poder prestar los privados?
Servicios de limpieza, seguridad, cafeterías, restaurantes, baños, museos de sitio y otros servicios turísticos. La inversión podrá ser hecha por el privado, por el Estado o en conjunto. Del resultado de la gestión del servicio habrá un porcentaje que será directamente invertido en el sitio arqueológico para su puesta en valor sostenible.
— ¿Cuál es el impacto que esperan tener con esta medida en turismo, conservación del patrimonio e investigación?
Una vez que se invierta y se ponga en valor el sitio, automáticamente aumentará el valor de toda la zona alrededor. La gente socializa, se apropia del lugar y este se convierte en un espacio público. Además, poner en valor un sitio arqueológico implica hacer trabajo de investigación y estudio. Así tendremos un lugar que no solo va a ser mantenido y cuidado por quien lo administre, sino también por la misma gente. El patrimonio del país es muy grande y el Estado no tiene los recursos para administrarlo. Esta es una nueva forma de obtener recursos para hacer lo que el Estado no ha hecho.
— ¿Bajo qué condiciones los privados podrán administrar el patrimonio cultural?
Ningún lugar que sea patrimonio mundial puede entrar en este régimen. Quien administre el monumento debe conservar su significado cultural y debe promover el acceso público. Además, tienen que cumplirse las mismas autorizaciones del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, por el cual nos regimos ahora. La administración no conlleva el uso de garantías por parte del Estado; en esto se parece a la manera en que funcionan las asociaciones público-privadas. No habrá transferencia de recursos públicos a privados, solo puede ser tomado en cuenta lo recaudado por el boleto de ingreso. La administración se otorgará por concurso: una forma transparente y competitiva de acceder a ella.
— ¿Por cuánto tiempo se otorgará la administración de los bienes patrimoniales?
Por diez años.
— Algunos podrían pensar que este modelo de gestión implica renunciar a la soberanía.
Esta figura no afecta la soberanía, porque en ningún caso se da la propiedad del bien, tampoco se cede en uso, ni el privado va a poder decidir sobre el sitio arqueológico. Este sigue perteneciendo al Estado y a los ciudadanos. La idea es promover que se invierta en estos sitios. En todo caso, no es una ley obligatoria. La región que no quiera que se haga inversión privada simplemente no la promoverá.
— ¿A quiénes convocarán en el proceso participativo para la elaboración del reglamento? ¿Cuándo calculan publicarlo?
Implementaremos mesas de trabajo en lugares estratégicos donde hay sitios arqueológicos y posibilidades de inversión, sobre todo en aquellos que tienen ejemplos claros de cómo debe hacerse. Un taller importante será el de Cusco. Habrá otros en Lambayeque, La Libertad y Puno. Quisiera que el reglamento esté listo en un mes.
OBRAS POR IMPUESTOS
— El sábado se publicó un segundo decreto legislativo que permite a su sector ejecutar proyectos de inversión bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI).
Sí, el decreto amplía la cobertura para los sectores de deporte, cultura y medio ambiente. En el caso de Cultura, nosotros podemos usar recursos ordinarios, asignados por el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] a nuestro presupuesto, o recursos directamente recaudados que vienen del CIRA [certificado de inexistencia de restos arqueológicos] o de boletos, como en el caso de Machu Picchu, para realizar obras por impuestos.
— ¿Qué proyectos tiene planeado ejecutar bajo esta modalidad?
El primer proyecto importante lo tenemos en conjunto con el Gobierno Regional de Cusco. La Junta de Gobierno de Cusco ya lo aprobó. Es un centro de visitantes en Machu Picchu que va a recibir de forma ordenada a los turistas. Vamos a hacer una gestión de visitantes como se hace en otros museos del mundo. Además, ahora que se ha abierto esta posibilidad, tenemos ofertas de algunos empresarios interesados en invertir sus impuestos en sitios arqueológicos cercanos a sus inversiones.
— ¿El Museo Nacional podría financiarse por OxI? El proyecto ya fue elaborado por el ministerio, lo único que faltan son los recursos…
El presupuesto requerido sobrepasa el monto de inversión permitido por obras por impuestos. Quiero dejar el proyecto listo con expediente técnico, para que quede protegido y ver si podemos conseguir inversionistas que quieran hacer un trabajo de APP [alianza público-privada] con el Estado.
—¿Cree que la obra de ese museo se pueda comenzar en este gobierno?
Difícil. Dependerá del fenómeno de El Niño y de qué recursos nos queden. Es un trabajo que requiere por lo menos cuatro años, implica diseñar lo que contiene el edificio y pensar el guion. Tendría que ser un proyecto que se haga para el año del bicentenario.
Gobierno Regional del Cusco rechaza que privados administren bienes culturales
El Gobierno Regional de Cusco rechazó el Decreto Legislativo N°1198, promulgado por el Ejecutivo el 22 de este mes, que señala que elMinisterio de Cultura podrá otorgar a entidades públicas o privadas la administración de determinados componentes del Patrimonio Cultural de la Nación.
A través de un comunicado, el gobierno regional expone que la norma aprobada “subasta al mejor postor la administración de los bienes culturales mediante convenios de gestión”.
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“El Gobierno Regional Cusco expresa suenérgico rechazo y se pronuncia en contra del Decreto Legislativo N° 1198, por su carácter atentatorio a los intereses del Patrimonio Cultural que tiene carácter de intangible, inalienable e imprescriptible y debe seguir siendo administrado únicamente por el Estado”, señalan.
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En ese sentido, adelantaron que presentarán una iniciativa legislativa para lograr la derogatoria de la norma, pues se trata de “un grave atentado contra el legado cultural de una gran civilización que constituye el sello de nuestra identidad nacional, reconocida y admirada a nivel mundial”.
