Jóvenes indígenas, sobre todo menores de edad, son las más vulnerables a convertirse en esclavas, ya que las redes de trata de personas les ofrecen trabajos en tortillerías en la capital y les hacen creer que tendrán una vida mejor, cuando en realidad se convierten en víctimas de explotación laboral.
La edad, barrera del lenguaje, usar traje típico, el desconocimiento de la capital y la necesidad de colaborar para mejorar la economía familiar hacen atractivo a este grupo de la sociedad para ser explotado, señalan expertos.
La mayoría de víctimas desconocen que son esclavizadas porque desde pequeñas les han enseñado que lo normal en su vida es hacer tareas domésticas, explican.
Las autoridades han rescatado a varias mujeres esclavizadas en restaurantes, totillerías y tiendas de barrio, entre otros negocios; en donde viven en condiciones de miseria.
Esta situación salió a luz el 10 de octubre del año pasado cuando, tras ocho cateos en ese tipo de negocios, fueron rescatadas 42 víctimas, entre ellas 37 menores. Los operativos se efectuaron en la zona 8 capitalina, en San Miguel Petapa y Villa Nueva.
A partir de ese hecho, la Policía y el Ministerio Público (MP) comenzó a recibir denuncias anónimas sobre casos similares. Por ahora documentan siete de ellas, refirióÁlex Colop, fiscal contra la Trata de Personas.
El fiscal considera que las personas comenzaron a ver el hecho como un problema después de que se hizo público el trato que reciben las víctimas.
Obligadas
Lo que las jóvenes ignoran, aseguró Sandra Gularte, de la Defensoría contra la Trata de Personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al referirse al caso del 2013, es que han sido esclavizadas. “Para ellas hacer tortillas y oficios domésticos es una práctica cultural”, dijo.
Las víctimas rescatadas eran obligadas a trabajar hasta 17 horas diarias, con el pretexto de que recibían buen salario.
Había domingos que las llevaban a Puerto San José, Escuintla, y les hacían creer que era un paseo, pero sus esclavizadores las ponían a vender en la playa, indicó.
Cuando los padres venían a visitarlas a la capital, expuso Gularte, los alojaban en una casa de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, de donde rescataron a varias de ellas.
Tres o cuatro de las menores dormían en una cama, y cuando sus progenitores las visitaban debían acomodarse en el inmueble.
El salario de las víctimas era de Q1 mil 200, dinero que nunca tuvieron en sus manos.
La mayoría de estas menores son oriundas de la aldea San Bartolo, Quiché, y sus mismos padres autorizaron que trabajaran en la capital, pues lo veían como un ingreso familiar.
Lo peor del caso, de acuerdo con Gularte, es que las víctimas no veían nada anormal, pues las dejaban desayunar café con pan, almorzaban a las 15 horas caldo de macuy o sopas instantáneas.
En otros casos las víctimas duermen en el suelo, cerca de donde cocen el maíz. El año pasado, en el km 14.5 ruta a El Salvador, se reportó la muerte de una adolescente y otra resultó intoxicada por la inhalación de propano.
Lo que los delató
Los esclavizadores fueron descubiertos porque en las colonias residenciales como Ribera del Río, en San Miguel Petapa, a eso de las 19 horas, cuando los vecinos llegaban a comprar tortillas, veían a las jóvenes sumamente agotadas y que jamás descansaban.
Eso despertó la curiosidad de los compradores y comenzaron a ver que eran llevadas en palanganas de picops, a las 5 horas, para que cumplieran con largas jornadas.
Gularte expresó que las menores eran trasladadas desde el inmueble ubicado en San Cristóbal, Mixco, a Ribera del Río, San Miguel Petapa, donde sus explotadores tenían negocios.
Detenidos
El día que las víctimas fueron rescatadas, la Policía capturó a Pascual Montesinos Andrés, Domingo Grave Montesinos, Ana María Benito Calel y Francisca Montesinos Calel.
El proceso lo lleva el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Femicidio. Los cuatro fueron escuchados el 11 de octubre del 2013.
Benito Calel consiguió libertad condicional y cumple arresto domiciliario, además de la prohibición de acercarse a otros procesados o a las menores, y pagó una fianza de Q5 mil.
El Juzgado de Turno de Femicidio les otorgó libertad condicional a los otros tres y los ligó a proceso por el delito de trata de personas. Les ordenó arresto domiciliario, obligación de firmar el libro de procesos en la Fiscalía cada 15 días, arraigo y tienen prohibido acercarse a otros procesados y a las víctimas, más el pago de una fianza de Q10 mil.
El MP debía entregar su acusación el 11 de diciembre del 2013, pero pidió una prórroga de dos meses.
La audiencia de apertura a juicio —cuando el Juzgado decida si existen indicios para abrirles proceso— está programada para el 18 de noviembre próximo. Aunque con la creación de un nuevo juzgado pluripersonal, la fecha podría adelantarse.
Modalidades
Colop señaló que quienes cometen el delito de trata de personas operan de distinta forma, lo que les obliga a llevar las pesquisas con cuidado.
Refirió que muchos buscan víctimas que no hablen español y les prohíben hablar con personas extrañas.
Investigadores de la Unidad contra la Trata de Personas, de la División Especializada en Investigación Criminal, manifestaron que han detectado que en las colonias Utatlán 1 y en San Cristóbal, Mixco, hay casos de esclavitud.
“Hemos hecho trabajo de inteligencia, y las víctimas, creemos, son menores de edad, oriundas del occidente del país”, explicó un oficial.
Hechos similares ocurren en otros sitios de la capital, donde son llevadas mujeres indígenas, menores de edad, para ser esclavizadas.
La manera de operar es la misma: las víctimas trabajan jornadas extenuantes y mal remuneradas, en tiendas surtidas y ventas de tortillas para los tres tiempos de comida, de donde en escasas ocasiones y por poco tiempo se les permite salir.
“No podemos decir nombres de responsables, pues aún tenemos siete casos que se están documentando”, indicó Colop.
Agregó que muchas jovencitas, de 12 a 17 años, y sus explotadores se aprovechan de que solo hablan su lengua materna.
Un investigador policial de ese tipo de hechos explicó: “Sabemos que son menores de San Marcos, Quiché y Sololá, y se está trabajando en eso”.
Estructura
A la Policía se le dificulta establecer si persigue a una red, dijo el investigador, pues aún no establece cuántas personas están involucradas.
Los detectives afirmaron que quienes cometen este delito, muchas veces son originarios de alguna comunidad, caserío o aldea, y traen a menores de edad de esos lugares, pues tanto estas como sus padres confían en ellos.
Calel, por ejemplo, traía a las jovencitas a quienes explotaba de San Bartolo, Quiché, aseguraron.
Lo que aprovechan los explotadores es la condición cultural de la féminas, expuso Gularte. “Ser una persona conocida les hace ver —a la familia de las potenciales víctimas— que la menor ganará dinero y proveerá a la familia”, dijo.
Añadió: “De esta forma, la niña es discriminada. Es preferible que venga a trabajar a la capital, pero la menor no ve la diferencia, pues es enseñada desde temprana edad que su trabajo es hacer tortillas y ayudar en los quehaceres de la casa”.
Para la víctima, explicó, es cambiar de rutina. Primero, viene a la ciudad, donde ve gente extraña y tiene otro tipo de vida.
Gularte agregó que la menor y sus padres solo lo ven así, pero ignoran que ellas son sometidas a esclavitud.
Pobreza las hace vulnerables
La extrema pobreza afecta a las niñas y adolescentes y las hace vulnerables, refirió Gloria Laynez Chavac, de la Defensoría de la Mujer Indígena.
Según la Defensora, muchas familias en la provincia tienen hasta ocho hijos, y las adolescentes vienen a la capital en busca de oportunidades.
“Las mujeres indígenas a temprana a edad comienzan con las actividades laborales, por eso tortear y efectuar oficios domésticos en casas particulares es natural y no observan que son explotadas”, explicó.
Otros factores que aprovechan los esclavistas, aseguró, es que las víctimas no hablan español y han tenido poco acceso a la educación.
Por aparte, María Trinidad Gutiérrez, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), manifestó: “Son actos de discriminación que a las mujeres se les estereotipe por portar un traje o hablar un idioma para ser utilizadas como servidumbre”.
Agregó: “En el imaginario de la sociedad, las mujeres del área rural sirven para planchar, lavar ropa o barrer, lo que incrementa el fenómeno de la trata de personas en nuestra sociedad”.
Dijo que Codisra exhorta a la población para denunciar este tipo de abusos.
La comisionada indicó que la referida institución está en coordinación con la Secretaría contra la Violencia y Trata de Personas por un caso de más de una docena de niñas que estaban en un hogar en condiciones infrahumanas, que eran utilizadas en una tortillería y eran objeto de trata de personas.
RESCATADAS
Grupos de trata de personas traen a la capital a menores de edad para ser esclavizadas en tareas como tortear y atender negocios, esto se constató en octubre de 2013, cuando la policía liberó a varias adolescentes y capturó a Domingo Grave y a Pascual Montesinos, originario de Quiché, en Ribera del Río, San Miguel Petapa.
Violan sus derechos
Sandra Gularte, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, refirió: “Lo que ignoran las víctimas es que son violados su derechos humanos y laborales”. ” La tortilla es la base de la alimentación en nuestro país, y en varias colonias hay niñas que atienden los negocios donde se vende este producto, en donde son víctimas, pero aún no hemos evaluado cuántas hay”.
Añadió que es una discriminación hacia la niña indígena, lo que la hace vulnerable para la explotación laboral.
Preocupan las formas
Álex Colop, fiscal del Ministerio Público, dijo: “Lo que vemos con preocupación son las formas de explotar a las menores. Buscar que no tengan la mayoría de edad es el denominador común de los que se dedican a la trata de personas”.
Añadió que otro problema que afrontan en sus pesquisas es el idioma que hablan las víctimas, pues por lo general son indígenas y este tipo de explotación en tiendas y tortillerías tiene incidencia en ese sector, pero esto se está investigando y documentando, insisto”, expuso.
Enganchan a niñas
Para los que cometen el delito de trata de personas es fácil “enganchar” niñas y hacerlas trabajar excesivas horas, lo cual viola sus derechos humanos y laborales, explicó un oficial de la Unidad contra la Trata de Personas, de la División Especializada en Investigación Criminal. “Sabemos de tiendas donde siempre hay tortillerías y trabajan jovencitas de 13 a 17 años, y la mayoría son originarias de occidente, pues se aprovechan de que solo hablan su idioma y no conocen a nadie”, afirmó el detective.
CIFRAS
Porcentaje de víctimas de trata
83 por ciento son niños y adolescentes.
11 por ciento de víctimas son mujeres adultas.
Cifras de trata
Situación de explotación de personas, según la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En el 2013 hubo 11 sentencias condenatorias.
Las autoridades pudieron judicializar 114 casos.
Al Ministerio Público le fueron presentadas 254 denuncias.
Las autoridades rescataron el año recién pasado a 137 menores de edad, víctimas de trata de personas.
También fueron rescatadas 115 personas mayores de edad, refieren las autoridades.
En el 2013 solo un 0.24 por ciento de estudiantes de primaria y diversificado recibió información sobre la trata de personas.
En el mismo año esa capacitación solo se ofreció en Guatemala, Huehuetenango, El Progreso, Santa Rosa y Chimaltenango.
POR JULIO F. LARA /
Tomado de: http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Mujeres-indigenas-esclavizadas_0_1084691544.html
