Las áreas protegidas de la península de Yucatán, especialmente las que son costeras y marinas son, cada vez más, botines tentadores para un desarrollo turístico voraz, que parece estar fuera de todo control eficaz, por parte de las autoridades responsables, tanto de ese sector, como de la conservación del patrimonio natural de la región.
Hace ya algunos años, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareció detener en seco las aspiraciones de desarrollo, tanto de los inversionistas del sector turístico, como de las autoridades locales, a nivel estatal y del municipio, para abatir la capacidad de conservación del Parque Nacional Tulum, y reducirlo a a área de recreo para los usuarios de la infraestructura hotelera del sitio, tanto de la ya existente, como de la proyectada. El fallo de la corte aportó lo que entonces parecía un rayo de esperanza para los conservacionistas de la región.
Pero si vemos lo que sucede hoy día, el asunto quedó en eso, en un relámpago que, tras su fugaz aparición, dejó tras de sí una oscuridad que parece difícil de derrotar. Para ejemplo, basta con examinar lo que sucede con el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam. La perla de esta área protegida es, desde luego, Holbox, aunque también hay que considerar el fácil acceso que proporciona a las zonas de avistamiento de tiburones ballena. El valor de los objetos de conservación que debiera proteger es indiscutible; como lo es su belleza y lo que algún día fuera su apacible forma de vida; también por el menú de actividades recreativas, deportivas, de contemplación y como destino turístico.
Parece, sin embargo, que se trata de dos valores contrapuestos: quienes se empeñan en ver crecer el uso turístico del área, se proponen hacerlo a costa de deteriorar su calidad ambiental, hasta el deterioro irremediable, en lo que pareciera una fiebre por arrasar con toda la riqueza disponible, lo antes posible… “y después de mí, el diluvio”. No hay proyecto de conservación que sobreviva a esta concepción de desarrollo.
A esto habrá que sumar la presión que ofrece una creciente población de pescadores, muchos de ellos furtivos, que depredan sin conciencia del futuro cualquier especie de pez, molusco, crustáceo o equinodermo que se atraviese por el rumbo de sus embarcaciones.
Entre la demanda de tierras para la realización de proyectos de infraestructura turística y la presión sobre los recursos pesqueros, se urde una receta explosiva de desarreglo social, que podría no tardar en estallar: una lancha ardiendo en Chiquilá es solamente un aviso de lo que podría acontecer.
Frente a este panorama, se oyen cosas tales como que “los inversionistas actúan desde Mérida”, (¿quiénes?) “los pescadores furtivos son foráneos”, y “la comunidad se deshizo de los representantes de las autoridades ambientales” (la Profepa y la Conanp), pues los residentes locales cerraron las oficinas de ambas dependencias.
Curioso estado de cosas: nadie parece tener claro quiénes son los inversionistas, ni qué quieren hacer; nadie conoce a los pescadores furtivos, porque son “fuereños” y no hay autoridad con la presencia y la fuerza suficientes para poner un alto a un desorden que crece a ojos vistas.
Se supone que el área debería contar, desde hace ya dos décadas, con un programa de manejo con un marco de referencia robusto para conducir los quehaceres de los interesados en hacer uso de los recursos y servicios ambientales locales.
Ahora se dice que ese programa es “rehén”. ¿De quién? Lo cierto es que la Conanp no ha sido capaz de formular un programa lo suficientemente convincente como para someterlo a una consulta cuerda y ponderada, como también es cierto que junto con Profepa, carecen del apoyo de la fuerza pública y de las autoridades locales; por lo que han optado por abandonar un área cuya problemática rebasa su capacidad técnica, política y de gestión.
Algo parecido pasa también en Otoch Maáx Yetal Kooh y en Dzibilchaltún. ¿Lo veremos también, más o menos pronto, en Calestún, o Río Lagartos? Cuándo habrá una actuación de las entidades responsables de la conservación, respaldada por la fuerza del Estado mexicano y apoyada por las autoridades locales. Parece más bien que estamos condenados a narrar el avance del desastre.
Por: Rafael Robles de Benito
Tomade de: https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-17/Yum-Balam–el-desastre-que-se-avecina