Fuera de los beneficios en turismo y al deporte tuerca, diversas organizaciones han reparado en la flagrante destrucción del patrimonio nacional, en un lugar donde la evidencia paleoantropológica fija algunos hallazgos en más de 12 mil años de antigüedad.
Cuando Mijael Flores, estudiante de séptimo básico de la Escuela América, en Arica, descubrió, junto a su grupo de compañeros del taller de Arqueología, una momia de la cultura Chinchorro de más de 7.000 años de antigüedad, no solo estaba confirmando- con esta evidencia- la riqueza arqueológica y paleontológica del desierto de Atacama, sino también la naturaleza casual del hallazgo, que en otras palabras implica, que el patrimonio arqueológico nacional está al aire libre, ahí al interior del desierto o cerca de la costa donde hace miles de años se asentaba unas de la culturas más antiguas de la humanidad, cuyas evidencias de momificación son 4 mil años más antiguas que las descubiertas en Egipto.
Pero la riqueza patrimonial, según la arqueología moderna, en el desierto de Atacama podría ser más antigua aún. Se habla incluso de evidencias que datan de hasta 12 mil o 13 mil años de antigüedad, es decir de la época en que -según las teorías actuales- comenzó el poblamiento de América tras la migración de Siberia.
En este vasto espacio desértico, donde malentendidamente no habría nada, también existen evidencias de una riqueza paleontológica incalculable y que se remonta a más de 7 millones de años. El hallazgo más reciente de este pasado remoto, fueron los más de 70 restos cetáceos encontrados en el desierto, en las cercanías de Caldera. La mayoría son del período Mioceno y Plioceno, donde habitaban parientes prehistóricos de las ballenas actuales y de otros seres que la literatura fantástica ha bautizado como “monstruos marinos”.
Este es el patrimonio del desierto chileno, patrimonio, que por quinto año consecutivo, se vería amenazado por el Rally Dakar.
DESTRUCCIÓN MILENARIA
De acuerdo a la observación del Consejo de Monumentos Nacionales y que se encuentra refrendado por el Colegio de Arqueólogos, entre los sitios destruidos o dañados se encuentran geoglifos, aldeas, cementerios, conchales, huellas y caminos (entre los que se cuentan trazas del camino del Inca), sitios de la época salitrera, talleres líticos y muchos otros presentes en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Para Paula González, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, el Rally Dakar no es otra cosa “que el atentado más grave que existe contra el patrimonio nacional”, con daños que son “irrecuperables” desde la perspectiva científica y que además – siendo para la organización lo más grave- cuenta “el apoyo del Estado” o con la ambivalencia del este en la materia.
El primer Dakar se realizó en la primera administración de Bachelet el año 2009. De acuerdo a los estudios de CMN (Ordinario Nº 2.918/09) en esta versión de la competencia se constató la destrucción
de 5 sitios arqueológicos denominados “Quebrada Pelícanos 1”, “Quebrada Pelícanos 2”, “San Antonio 2”, “Majada El Tomate 1” y “Majada El Tomate 3” y una agrupación de sitios arqueológicos denominada “Área Arqueológica Pampa Austral Camino Oeste”, ubicados en las regiones de Atacama y Coquimbo. La cronología de algunos de estos sitios alcanzaba una antigüedad mayor a los 4.000 años (2.000 a.C.).
En el 2010 se constató que se dañaron 52 (50,5%) de los 111 sitios examinados. El informe de la época señala expresamente: “No se tiene ningún conocimiento del daño causado en otras zonas donde hubo cambios de trazado de última hora dispuestos por la organización, desvíos o competidores perdidos”.
El Informe Técnico de Evaluación del Rally Dakar 2011, elaborado por el Área de Arqueología del Consejo de Monumentos Nacionales, informó que de los 283 sitios evaluados, presentaron daño en diversas magnitudes un total de 126 sitios. En el informe de ese año el Consejo afirmó: “El Dakar constituye una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país”.
Según las estadísticas el 2012 y 2013, los lugares dañados se redujeron, pero tanto el Consejo como el Colegio de Arqueólogos apuntan al que el cómputo de sitios dañados es relativo, ya que “la información disponible sobre la evaluación de daños del año 2012 (que realizó el Instituto Nacional del Deporte) es “escasa” y no se tiene información concreta respecto de las rutas de las caravana.
“De esta manera, existen fundamentos para suponer que puede haber una gran cantidad de sitios que no fueron registrados y de esta manera quedaron desprotegidos. Por lo tanto, el cómputo de sitios dañados en la versión 2013 de la competencia es absolutamente relativo e incierto”, consigna el informe.
En todo caso, estas cifras son muy conservadoras -contraargumenta Paula González- “porque las evaluaciones de daño no han sido exhaustivas y han aplicado un criterio que restringe el área de influencia directa de la competencia sólo a la unión lineal de puntos que constituyen el trazado, sin considerar las áreas de campamentos, áreas de estacionamiento y los lugares dónde se sitúa el público, que también han destruido sitios arqueológicos”.
EL ESTADO COMO INFRACTOR DE LEY
A fines de mayo y después del suspenso sobre si el Dakar pasaría nuevamente por Chile, debido al impacto del terremoto en el norte grande, la Ministra del Deporte Natalia Riffo, despejó las dudas y confirmó la participación de Chile en la competencia más dura del deporte tuerca en el mundo.
Esta confirmación, para los defensores del patrimonio, constituye un grave revés y confirma nuevamente el doble discurso en materia de protección patrimonial que tendría el Estado, representado por la administración de la Nueva mayoría.
“Es una gran decepción porque esperábamos que la administración Bachelet no continuara con este grave atentado contra nuestro patrimonio cultural y natural, atendidas las numerosas pruebas acerca de la naturaleza dañina sobre los monumentos arqueológicos, la flora, fauna y paisaje del norte de Chile”, sostiene González.
La ambivalencia, según los científicos, radica en que “el rally Dakar ha producido un quiebre en todo el régimen jurídico de protección que amparaba los monumentos nacionales arqueológicos de Chile”.
Normalmente, cuando alguien destruye un sitio arqueológico -explica González, quien es arqueóloga y abogada- “el Consejo de Defensa del Estado acciona legalmente contra el autor a través de la Acción por Daño Ambiental, persigue su responsabilidad y se le sanciona civil y penalmente”.
Pero en este caso, los denunciantes acusan que el Estado se ha desentendido de su responsabilidad.
“El artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, determina que la destrucción de sitios arqueológicos reviste el carácter de delito, sin embargo el Estado chileno no ha perseguido la responsabilidad penal de los autores de esta destrucción reiterada de sitios arqueológicos”, sostiene el Colegio en un informe de mayo del 2014 del departamento de Antropología de la Universidad de Chile.
Para Carlos Carrasco, presidente del Colegio, uno de los aspectos más graves, no es sólo que el Estado no persigue a los culpables, sino que además estimula la destrucción constante del patrimonio, por el cual además paga 4 millones de dólares.
Si bien del Ministerio del Deporte contestan que este dinero lo paga el Estado por concepto de inscripción, o sea que paga para que la competencia pase por Chile, Carrasco pone el énfasis en los costos totales que significa para el país. “A esto hay que sumar los efectivos policiales, los aviones que solicitan la empresa para su uso, el tratamiento de la basura, los miles de litros de aceite que quedan depositados en el desierto, lo neumáticos que van cambiando los competidores y que dejan botados en el recorrido y de todo esto se hacen cargo los gobiernos locales”, señala.
BONOS DE CARBONO
A través de un comunicado oficial, la ministra del Deporte Natalia Riffo señaló que “desde un principio hemos actuado con seriedad y responsabilidad política. Ese es nuestro deber, por ello nos sentimos muy contentos de alcanzar un acuerdo que permite a Chile velar por los intereses de las zonas afectadas por el terremoto y salvaguardar dos temas fundamentales, la protección del patrimonio y del medio ambiente”.
Según lo informado por fuentes de este ministerio este “acuerdo” fue comunicado al Consejo de Monumentos Nacionales y al Colegio de Arqueólogos en una reunión sostenida la semana pasada y que lo “informado” habría dejado conformes a los arqueólogos, en especial tras informarles de una nueva revisión de los trazados y de la compensación del daño ambiental que haría la empresa ASO (Amaury Sport Organisation) con bonos de carbono.
Sin embargo, Carrasco explica “que ellos (Ministerio del Deporte) no se comprometieron a mucho, simplemente nos informaron de que están tomando precauciones y que junto a otros a organismos del Estado, como Conaf, están tratando de regularizar una poco este tema del Dakar. Reconocen que hay una desregularización y que están tratando de modificar esto en la medida de lo que se pueda. En ningún caso eso a nosotros nos deja conformes, nosotros les solicitamos que se avance en una prevención efectiva”.
Luis Mariano Rendón, quien junto al colegio de Arqueólogos y otras instituciones, logró -después de cinco años de ininterrumpidas acciones legales para preservar el patrimonio- que la Justicia acogiera a tramitación este año un Recurso de Protección, sostiene que no sabe “cómo los bonos de carbono pueden compensar el daño patrimonial”, puesto que esos bonos compensan las emisiones de gases invernadero y no la destrucción de los “sitios arqueológicos”.
LA EXTINCIÓN DEL PUEBLO AYMARA
Ariel León Bacián, Presidente de la Corporación Cultural Aymara, explica que para su pueblo la carrera es sencillamente “criminal”.
Para el representante de este pueblo originario, el punto está en el valor que el Estado de Chile le otorga a la cultura. Mientras por un lado, el factor turismo es uno de los beneficiados con la prueba y su paso por Chile inserta al país en el concierto internacional, por otro la misma prueba, que defiende el Estado, significa la “extinción de nuestro pueblo”.
“Nosotros como pueblos indígenas estamos, por decirlo de alguna manera, casi en extinción y el Dakar lo que hace, en definitiva, es borrar las huellas de nuestra cultura, borrar nuestra presencia territorial y contribuye a la desaparición de nosotros como pueblo, por eso nosotros consideramos que ningún beneficio puede compensar la extinción de nuestra cultura, de nuestro patrimonio”, explica.
LA MARCHA POR EL PATRIMONIO
Una de las ambigüedades más evidentes de este doble discurso en materia de defensa del Patrimonio se evidencia en la pasada Marcha por la Defensa del Patrimonio del pasado 24 de mayo y que agrupó a más de 105 organizaciones.
En esa actividad, uno de los rostros que llamó la atención, fue el de la Ministra de Cultura, Claudia Barattini.
Para Rosario Carvajal, Presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, la presencia de la ministra constituye un respaldo tácito del Estado a la necesidad de defender el patrimonio, respaldo que de algún modo puede resultar contradictorio con el rol del Estado en la confirmación del Dakar 2015.
“Esperamos que (la ministra Barattini) tenga la capacidad de liderar y marcar la agenda de los otros ministerios, para evitar estas incoherencias entre ministerios, en que uno está marchando con la ciudadanía y muestra sensibilidad y otro ministerio, una vez más, permite un Dakar con el irreparable daño que ello significa”, concluye.
Por: Hector Cossio
Tomado de: http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/06/02/dakar-2015-la-competencia-criminal-que-denuncian-arqueologos-y-pueblos-originarios/
