El comercio ilegal de especies silvestres amenazadas es uno de los más rentables y menos controlados del país; se venden en mercados urbanos y muchos ejemplares se envían al exterior.
Por Loreley Gaffoglio | LA NACION. En una casilla precaria, a 20 km de La Armonía (Prov. de Corrientes), en las entrañas del Gran Chaco, Rubén G. reconoce que se adentra en las noches en el monte para cazar y alimentarse. Una mulita, un conejo de los palos, una comadreja son para él fuente de proteínas. Su cuerpo exhibe mordidas y picotazos de aves, producto de sus capturas. El resto de la fauna, viva o muerta, que extrae y que cede a acopiadores por pocos pesos supone su otra fuente de subsistencia marginal.
Si bien su caso es extremo, aunque no aislado entre la indigencia del norte argentino, reservorio de la mayor biodiversidad del país, su accionar explica el primer eslabón de una depredación “silenciada” e impune: el tráfico ilegal de especies silvestres amenazadas.
Imposible de cuantificar por falta de estadísticas, los expertos, sin embargo, aseguran que la tasa de extracción es tan grande que diezma el patrimonio natural. Ese tráfico es señalado por Interpol como el ilícito que más dinero mueve en el mundo, detrás del tráfico de drogas y armas. Dónde lo ubica la Argentina es una incógnita, según coinciden ONG y dependencias gubernamentales. Aunque las mismas fuentes advierten que la alta complejidad de estos delitos, sancionados por la ley 22.421, de conservación de fauna silvestre, está emparentada con el tráfico de drogas y su abordaje debería combatirse con una metodología similar al de la trata de personas.
El comercio ilegal está tan diversificado -dicen en la Fundación Vida Silvestre- que la captura de ejemplares vivos abastece a los mercados interno y foráneo para el mascotismo y a coleccionistas privados desvelados por las raras avis. También nutre el circuito de zoológicos clandestinos, provee de animales muertos a anticuarios, al mercado oriental de medicinas alternativas; aporta pieles y cueros de felinos y reptiles, y hasta reparte aves como flamencos, para ornamentación de canchas de golf y consorcios privados. “La operatoria legal de criaderos se mezcla con la ilegal”, afirman en FVS.
La trama oculta, que transita en clandestinidad por rutas, fronteras y puertos argentinos, culmina en el menudeo local, puntos de venta mayoristas, y en despachos que ingresan y parten camuflados hacia el exterior. En Buenos Aires, uno de los embudos del tráfico se produce en Zárate-Campana, donde abundan las fiscalizaciones de la Gendarmería y de la Dirección Nacional de Fauna (DNF).
En los últimos 24 meses, la DNF incautó 6109 animales vivos; 2334 productos y subproductos de procedencia irregular; realizó 427 fiscalizaciones en zoos, criaderos y firmas inscriptas, y recuperó 121 ejemplares nativos, entregados por particulares.
La mayoría fueron aves, reptiles y mamíferos: monos carayá, mirikina y cai, algunos contrabandeados de Bolivia; cueros de lagarto, yacarés, pecaríes y boas ampalagua. Además, tortugas terrestres, mariposas camufladas en encomiendas, trofeos de caza e infinidad de aves, como jilgueros, cardenales, loros habladores, cabecitas negra, cardenal, Reina Mora, halcones y lechuzas. La última incautación, una semana atrás, fue una cría de dos meses de oso hormiguero gigante, depositada en cuarentena en un zoo de Escobar.
Sólo el Centro de Reproducción de Especies (CRET) de Temaikèn recibió desde 2004 para su rehabilitación unos 7000 animales decomisados. Andrés Suárez, de ese centro de excelencia, al que acude el Estado ante la inexistencia de otras instituciones receptoras (el Zoo porteño es otro de los depositarios), ilustra las aristas de estos delitos ambientales: “El 90% de la fauna traficada muere durante la captura o su traslado y sólo el 50% de los que sobreviven logran ser reinsertados. Un 4% está muy improntado por el contacto con el hombre. Y la mortandad es muy alta, ya que los acopiadores buscan la rentabilidad y la fauna llega en condiciones deplorables: desnutridos, descalcificados, con altas dosis parasitarias y gravísimas patologías por estrés”.
Durante la visita de LA NACION al CRET, se pudo observar a guacamayos azules que al ser domesticados se arrancaban íntegramente su plumaje. “El desbarajuste psíquico que sufren al adoptarlos como mascotas los hace creer que son humanos, por eso se las arrancan”, explicaron.
Según datos estimativos del CRET, la fauna que allí ingresa es en un 86% aves en peligro de extinción (de ellas, un 5% son guacamayos, tucanes, loros habladores y cotorras); 10%, reptiles (boas, tortugas terrestres y yacarés), y 2%, mamíferos (monos, pumas, osos hormigueros gigantes y meleros, corzuelas y ocelotes; también se decomisaron leones africanos que eran usados como atracción en un camping de Zárate y ciervos de los Pantanos, adoptados como mascotas en islas del Delta).
Sin posibilidad de volar
“Las aves llegan con sus alas amputadas. Tienen “el alegre canto de los pájaros tristes”: cantan para buscar una hembra que nunca llega y para que los liberen. Están biológicamente muertos y no dejarán descendencia”, grafica Suárez.
A ese escenario se suman las patologías que las aves transmiten a los acopiadores, como la psitacosis, que en el hombre produce enfermedades respiratorias. “Como se trata de acopios ilegales que en los hospitales no pueden reconocer, muchas veces se las trata como simples bronquitis y los cuadros se agravan”, agrega.
“El tráfico de las mafias organizadas mermaría si los consumidores en las urbes dejaran de comprar en el circuito ilegal tortugas, boas, y aves raras sin certificación, ya que los animales silvestres no pueden adoptarse como mascotas. El público, en parte, lo hace por desconocimiento”, insisten en la Dirección de Fauna.
En el norte del país la situación es más acuciante: hembras de monos y osos hormigueros en la región del Gran Chaco son matados a machetazos y palazos para arrebatarles las crías y comercializarlas.
El coordinador veterinario del programa de restauración de especies de Conservation Land Trust (CLT), Gustavo Solís, recorre las provincias de Santiago del Estero, Salta, Misiones, Formosa y Jujuy para recuperar crías de osos hormigueros gigantes. La especie se había extinguido a mediados del siglo XX en Corrientes y gracias al trabajo de recuperación en la Estación Biológica del Conicet, en las afueras de la capital correntina, y los cientos de convenios suscriptos con organismos oficiales y el apoyo de las fuerzas de seguridad, desde 2008 se rehabilitaron y se reintrodujeron en la Reserva de Iberá un total de 66 osos. De ellos, ya han nacido en su hábitat 17 crías y hay otros siete que esperan su edad reproductiva.
“Los desmontes, la caza furtiva, el mascotismo en los hogares, el conflicto con perros y el ancestral círculo vicioso entre el oso y el dinero habían diezmado las poblaciones”, explica Solís. “Hubo que hacer un trabajo de reeducación casa por casa, ya que 2/3 de los osos provinieron de hogares particulares y hubo que convencer a los tenedores de que nos los entregaran para dejarlos en cuarentena, proveerles cuidados intensivos y luego poder liberarlos.” La iniciativa ha sido pionera y encomiada a nivel mundial por conservacionistas. “La historia repetida es la de los ositos huérfanos que se debaten entre la vida y la muerte por desnutrición, hipotermia, afecciones respiratorias y deterioro de su sistema inmunológico. Ese cuadro aciago sucede por haber sido arrebatados por cazadores a sus madres. Sin ellas, su desarrollo y supervivencia son muy difíciles. Casi el 99% muere en los hogares de sus tenedores, ya que son animales extremadamente delicados”, cuenta Solís.
Madres sustitutas cimentadas con muñecos, bolsas de agua caliente y ambientes calefaccionados de entre 22° y 25°; leche deslactosada, yogur, frutas, huevo cocido y Nestún licuado es la dieta de alto valor nutritivo que allí reciben. Luego le incorporarán termiteros enteros y hasta que no alcancen los 20 kilos de peso no pueden ser liberados. Pero los esfuerzos han dado sus frutos: el 73% de los osos rescatados sobrevivió dentro de ese programa de rescate.
También por la destrucción de su hábitat, muchos otros osos son atropellados en las rutas. Ése fue el caso de Hatá, que en guaraní significa “el duro” o “El fuerte”. Su fémur se fracturó y se astilló. Debió enfrentar cinco complejas cirugías,pero logró sobrevivir. Fue liberado en el Iberá y hoy es monitoreado con radiocollar.
“Frente al tráfico ilegal, las sanciones con multas que van desde los $ 300 a los $ 500.000 resultan insuficientes. Pero las condenas, con penas de 1 mes a 3 años, la justicia penal rara vez las aplica”, arguyen en la DNF.
En el mapa de la biodiversidad argentina, los delitos ambientales -coinciden todos los actores- son vistos como algo secundario. Y así estamos: con grietas abiertas como abismos por donde se pierde y muere la fauna salvaje y nativa.
Más notas para entender el tema: Destruir el patrimonio natural con impunidad
Por: Por Claudio Bertonatti | Para LA NACION
Argentina heredó un gran patrimonio natural. Tenemos unas 2500 especies de vertebrados y más de 20.000 de plantas superiores. Pero su inventario biológico está incompleto y desactualizado. Completarlo ya no parece una prioridad, aunque sí, voltear lo que queda de naturaleza en pie. Y no conviene saber bien lo que perdemos: podría alertar a la sociedad y activar la búsqueda de responsables con poder político y económico.
La desenfrenada expansión de la frontera agrícola es la principal amenaza de nuestra biodiversidad. Desmonta, “desfauna” y transforma paisajes ricos en monocultivos pobres en vida salvaje. Abusa del consumo de agua potable y contamina con su masiva aplicación de agroquímicos. Es el Estado el que empuja a los productores a estas prácticas y aspira a elevar la superficie cultivada a 200 millones de hectáreas. Esto reducirá aún más los espacios silvestres mientras padecen otras amenazas, como la caza furtiva y el comercio ilegal de flora y fauna que demanda maderas, plantas ornamentales, comestibles y medicinales, además de animales vivos para el mercado de mascotas, coleccionistas y zoológicos.
El país tiene una larga tradición en sobreexplotar sus recursos. Entre 1860-1870 exportamos más de 2 millones de cueros de venados de las pampas. Hoy nos quedan menos de 2000. Entre 1968-1970 vendimos -sólo a los Estados Unidos- 961 pieles de yaguaretés. Hoy tenemos unos 200. En 1905 poseíamos 100 millones de hectáreas de bosques y selvas. Hoy, 32 millones. El “legado” de esta desastrosa política está a la vista y sus nuevos operadores la siguen practicando pese al esfuerzo de guardaparques, guardafaunas e inspectores de fauna, las ONG y miembros de las fuerzas de seguridad. El mercado negro de fauna los burla. A veces, de modo encubierto y en ocasiones, exhibiendo su impunidad (como en los alrededores de las ferias de pájaros de Pompeya y Villa Dominico). Tampoco faltan carteles narcos involucrados, empresas fantasma escondidas detrás de Internet ni funcionarios de alto rango que tienen sus propias colecciones de fauna con los mismos proveedores del mercado negro.
No es el tráfico de fauna el que extingue especies. Es la gente que las compra. Pero con la complicidad de funcionarios que no llevan ni estadísticas y que niegan presupuesto para aumentar los controles, las investigaciones, los planes de conservación o la creación de nuevas reservas naturales para revertir esta crisis.
Revisemos el rol de los fiscales que no investigan ilícitos y de los jueces que no dictan sentencias ni aplican condenas desalentadoras. Son ellos quienes blindan la impunidad de los delitos ambientales. La escasa jurisprudencia lo ratifica.
El autor es consejero de la Fundación Vida Silvestre Argentina y de la FARN. Asesor de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”..
Tomado de: http://www.lanacion.com.ar/1703471-destruir-el-patrimonio-natural-con-impunidad
