Los especialistas advierten que sitios declarados Monumento Nacional han sido vulnerados sin consecuencias visibles.
La comunidad arqueológica cubana publicó una carta abierta en la que expresa su “creciente preocupación” ante el aumento sostenido del expolio del patrimonio arqueológico en la Isla y la normalización del uso de detectores de metales y la venta de piezas antiguas en redes sociales.
El documento, suscrito por más de 50 arqueólogos, historiadores, espeleólogos, investigadores y académicos cubanos y extranjeros, advierte que estas prácticas “constituyen una amenaza directa a la integridad de los sitios arqueológicos y a la preservación de la memoria histórica de la nación“.
Los firmantes subrayan que la extracción de materiales sin autorización, incluso cuando se presenta como “rescate” o “coleccionismo responsable”, provoca “la destrucción irreversible de los contextos arqueológicos” y la pérdida de información científica esencial. “El patrimonio arqueológico no está constituido únicamente por objetos materiales, sino por las relaciones contextuales que estos mantienen con el espacio, la estratigrafía y otros vestigios asociados”, señalan.
Brecha entre la ley y su aplicación
La carta publicada por Cuba Arqueológica recuerda que la Ley 155/2022 establece que los sitios arqueológicos son bienes culturales protegidos y que cualquier intervención requiere autorización oficial. Sin embargo, los especialistas afirman que “el problema no es la ausencia de un marco legal, sino la brecha persistente entre la normativa y su aplicación efectiva”.
Como ejemplo, mencionan el caso de Ceja del Negro/Loma Blanca, en Pinar del Río, un sitio declarado Monumento Nacional que habría sido vulnerado recientemente. El episodio, advierten, demuestra que “ni siquiera la máxima categoría de protección patrimonial garantiza, en la práctica, la preservación de estos espacios” y se preguntan: “¿qué futuro les espera a los cientos de sitios arqueológicos que no cuentan con esa condición jurídica?”.
El papel de las redes sociales
Los arqueólogos también alertan sobre la influencia de las plataformas digitales en la expansión del fenómeno. Según el texto, la difusión de videos y publicaciones sobre búsquedas con detectores de metales y venta de artefactos “contribuye a naturalizar prácticas ilegales, a trivializar el daño patrimonial y a fomentar circuitos de tráfico ilícito que trascienden el ámbito nacional”.
Llamado a las instituciones
Ante este panorama, la comunidad arqueológica exige a las autoridades que “se cumplan y hagan cumplir las leyes vigentes, se investiguen las denuncias presentadas, se adopten medidas efectivas de protección y se sancionen las prácticas que atentan contra el patrimonio cultural“.
El documento insiste en la necesidad de fortalecer la educación patrimonial y promover la idea del patrimonio como un bien común. “La defensa del patrimonio arqueológico no es una causa corporativa ni un interés sectorial. Es una responsabilidad ética, científica y social que concierne a toda la nación”, afirman. Cada sitio destruido, añaden, representa “una pérdida irreversible de historia, de memoria y de soberanía cultural. Guardar silencio ante este proceso equivale a ser cómplices de su desaparición”.
La carta, fechada este mes de enero de 2026, continúa abierta a adhesiones.
