Por: William López es doctor en historia del arte
Tanto el Estado nacional como la propia institucionalidad cultural tienen una deuda histórica con los museos colombianos: una ley general que permita no sólo su verdadero y real fortalecimiento –como organizaciones fundamentales para el ejercicio ciudadano de un complejo conglomerado de derechos culturales, dentro de los cuales está el arte y la memoria histórica–, sino su regulación en el ámbito general de las políticas públicas que harán sostenible la paz.
Aunque el propio sector de museos ha venido discutiendo el tema desde al menos dos décadas, lo cierto es que este debate no ha trascendido los límites de instancias como el Consejo Nacional de Museos, la Mesa Nacional de Museos, la Mesa de Museos de Bogotá, la Mesa de Museos de Medellín, el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos, la Alianza Colombiana de Museos o la propia Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. En cada una de estas instancias se ha hablado intensamente sobre temas como la definición del museo más pertinente para las diversas realidades y tipos de museos colombianos, las fuentes de su financiación y sostenibilidad, el proceso de su registro y acreditación, el estatuto jurídico de las colecciones museales y una larga serie de asuntos que incluye, además, la profesionalización del sector.
La búsqueda de referentes internacionales sobre el tema es otro ejercicio que también han emprendido todas estas instancias. Dentro de la legislación de referencia, están las leyes que sobre el tema existen en el ámbito brasileño, es decir, la Ley 7287 de 1984, que dispuso la reglamentación de la profesión de los museólogos y museólogas en ese país; la Ley 11904 de 2009, que reglamentó el estatuto jurídico de los museos; y la Ley 11906 del mismo año, que creó el Instituto Brasileño de Museos. Otros referentes que también se han explorado son, entre otras, la Ley General de Museos de México expedida en 1988, la Ley 17 de 1990 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Ley de 4 de 2002 de museos de Francia y la Ley 8 de 2007 sobre museos y colecciones museográficas de Andalucía.
Dentro de este debate, se pueden destacar al menos tres momentos. Por un lado, el Primer encuentro: ley de museos y memoria para el contexto colombiano,organizado en abril de 2016, entre la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional y el Centro de Pensamiento de las Artes y la Cultura para el Acuerdo Social de la Facultad de Artes de esa misma casa de estudios; por otro lado, el Encuentro regional de políticas públicas en museos, organizado por el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos en mayo de 2018; y, por último, la publicación en 2020 del libro digital Museo y derechos culturales: conceptos clave para una ley de museos en Colombia de Fernando López Barbosa.
Con este texto, publicado por la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, sin la menor duda, López Barbosa realizó un aporte muy significativo, al sistematizar la complejidad conceptual de la definición del museo frente a la posible caracterización de la tutela jurídica de este en el país. El amplísimo marco de referencias históricas y teóricas sobre las que el autor sustenta sus reflexiones evidencia la pertinencia de la fundamentación museológica a la hora de abordar un problema que tiene una dimensión táctica de indudable impacto dentro de la configuración de las políticas de la memoria y la paz en el país.
Este debate, en la coyuntura abierta por el gobierno del presidente Petro, busca concretarse con la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley que por estos días está volviendo a discutirse. Desde la dirección del Museo Nacional de Colombia se está convocando a todo el sector de museos para renovar la deliberación y encontrar un marco general fundado sobre la participación y la concertación. La idea es dotar al país de un instrumento que permita a los museos, en sus diferentes tipologías y contextos culturales, desarrollarse plenamente como organizaciones al servicio de la sociedad y la acción autónoma de las comunidades, a las cuales cuidan por origen y destino.
