Campaña en las calles de Santiago de Chile invita a combatir el tráfico ilícito de bienes culturales

La iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía a través de espacios públicos e invita a conocer el Museo Virtual de Objetos Culturales Robados de la UNESCO, que exhibe piezas patrimoniales robadas y desaparecidas de distintas partes del mundo, así como relatos y testimonios de comunidades locales afectadas por su pérdida.

La UNESCO lanzó en Santiago de Chile la campaña “Protejamos nuestro patrimonio común”, una iniciativa desarrollada junto a la empresa de publicidad urbana JCDecaux y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y fortalecer la conciencia pública sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural.

La campaña se despliega en distintos puntos de la vía pública de Santiago, donde piezas informativas instaladas en paraderos y soportes urbanos buscan acercar este mensaje a miles de personas que circulan diariamente por la ciudad. A través de estas intervenciones, la iniciativa busca recordar que el tráfico ilícito de bienes culturales es una problemática global que afecta la memoria, la identidad y la historia de los pueblos.

“Cada objeto patrimonial cuenta una historia y forma parte de la memoria colectiva de las sociedades. Cuando un bien cultural es saqueado o traficado, no solo se pierde una pieza material, también se pierde parte de la historia y de la identidad de una comunidad. Por eso es fundamental fortalecer la conciencia pública sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural”, señaló Esther Kuisch Laroche. directora de la Oficina regional de la UNESCO En Santiago.

La iniciativa se enmarca en la Convención de 1970 de la UNESCO sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, el principal instrumento internacional que establece el marco jurídico para prevenir y combatir el comercio ilegal de bienes culturales. Este tratado ratificado por 149 países promueve la cooperación internacional, el fortalecimiento de las legislaciones nacionales, la restitución de objetos patrimoniales y la sensibilización de la ciudadanía como elementos clave para enfrentar este fenómeno. Chile forma parte de esta Convención desde 2014.

Diversos robos de bienes culturales notificados por el Estado de Chile a la UNESCO en los últimos años evidencian la vulnerabilidad del patrimonio y la necesidad de fortalecer la sensibilización ciudadana frente al tráfico ilícito. Entre los casos recientes destaca el robo, en enero de 2026, de cinco objetos litúrgicos de plata del siglo XVIII —entre ellos candelabros y un relicario— sustraídos de la Catedral Metropolitana de Santiago, piezas de alto valor histórico y religioso elaboradas por artesanos jesuitas y locales. A ello se suman otros casos notificados previamente, como el robo en junio de 2022 de más de 80 objetos de oro precolombinos del Museo Andino en Buin; la sustracción en 2017 de 14 contenedores con cajas de fósiles de ballena; y el robo en 2016 de una espada del Museo Histórico Nacional en Santiago. Estos episodios ilustran cómo el tráfico ilícito puede afectar museos, sitios religiosos y colecciones científicas, poniendo en riesgo la memoria colectiva y subrayando la importancia de que la ciudadanía reconozca el valor del patrimonio cultural y contribuya activamente a su protección.

Museo Virtual UNESCO de Objetos Culturales Robados

Como complemento a esta campaña, la UNESCO invita a la ciudadanía a conocer el Museo Virtual UNESCO de Objetos Culturales Robados, una plataforma digital que reúne piezas culturales que han sido saqueadas, robadas o traficadas ilegalmente en distintos lugares del mundo. Este museo virtual permite dimensionar el impacto del tráfico ilícito y recordar que detrás de cada objeto perdido existe una historia y una comunidad que ve afectado su patrimonio cultural.

Con esta iniciativa, la UNESCO hace un llamado a la ciudadanía a informarse, denunciar y rechazar cualquier práctica vinculada al tráfico ilícito de bienes culturales, reafirmando que la protección del patrimonio cultural es una responsabilidad colectiva y un compromiso con las generaciones presentes y futuras.

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