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 Por Rosario Manzanos - Reportaje Especial para el Proceso de México - 8/04/2013

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las subastas de arte precolombino de la colección Barbier-Mueller realizadas el 22 y 23 de marzo en la casa Sotheby’s Francia marcaron un nuevo récord en la venta de piezas de este tipo. Guillaume Cerutti, presidente de la firma en ese país, señaló: “A pesar de haber obtenido menos de lo que pensábamos, los resultados son muy buenos tomando en cuenta el contexto en que se llevó a cabo la compra”.

Mientras tanto, reunidos del 21 al 23 de marzo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la Ciudad de México, bajo la coordinación académica de Héctor Fix Fierro, su director, y el doctor en derecho Jorge Sánchez Cordero, más de 30 especialistas de alto nivel internacional participaban en el Seminario. La globalización de la protección del legado cultural. La Convención de la UNESCO de 1970. Los nuevos desafíos.

Las incógnitas sobre las circunstancias de la venta de piezas mexicanas en Sotheby’s salieron a luz tangencialmente y no pudieron obviarse los siguientes interrogantes:

¿Por qué el gobierno de México actuó tan tardíamente, cuando las piezas habían estado expuestas por varios años en el Museo Barbier-Mueller de Barcelona? ¿Dónde están las pruebas de que las piezas estaban en alguna lista roja mexicana? ¿Cuántas consignaciones ante el Ministerio Público se han realizado por sustracción de piezas arqueológicas mexicanas? ¿No será que el problema está dentro de México y no fuera? Y por último: ¿Lo sucedido no es acaso una invitación al robo y al botín, no sólo en México sino en todo el mundo, ya que en el país no hay penalizaciones al respecto?

Otro asunto mexicano fue puesto también sobre la mesa de discusiones por un especialista de Asia: la “extracción” –según el gobierno de México– o “robo” –según el gobierno francés, en 1982– del Códice Tonalámatl Aubin, de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), que desencadenó graves problemas en la relación entre ambos países.

El seminario

Bajo los auspicios de la UNESCO, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas de la UNESCO, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro Mexicano de Derecho Uniforme y la UNIDROIT, el seminario sobre protección del patrimonio cultural paradójicamente no logró atraer el interés de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ni del propio INBA, quienes no asistieron.

María Kouropas, directora del Centro del Legado Cultural de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, mostró con mapas la zonificación que ha hecho el gobierno de su país en el intento de impedir el tráfico ilícito de bienes culturales. Exhibió al mismo tiempo las listas rojas que se reparten en aduanas y aeropuertos del mundo para impedir que sean vendidos ilegalmente.

“Tratamos de llamar la atención sobre la piezas que puedan ser parte del patrimonio cultural de una nación, pero buscamos también proteger aquel que ni siquiera ha sido descubierto, en el entendido de que muchos países no tienen inventarios completos, catálogos y listas rojas en circulación.

“La descripción que hemos hecho en los folletos que les presentamos hacen ver que se puede tratar de objetos que se parecen y que no necesariamente son exactamente iguales, es decir la descripción que damos de ellos no tiene que ser exacta. El otro punto es que para nosotros el importador es quien tiene la mayor responsabilidad sobre el objeto que va a obtener y tiene que demostrar que fue obtenido lícitamente.”

En el folleto Lista roja de objetos culturales en peligro. América Central y México se señala bajo qué acuerdos se encuentra protegido el patrimonio cultural mexicano. Se trata de un apéndice que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha impreso y distribuido junto a listas rojas para África, Afganistán, Camboya, Irak, Perú y Sudamérica.

En él se especifica que en su elaboración participaron especialistas de la zona, con el propósito de “combatir el saqueo y la destrucción de los sitios arqueológicos regionales, los robos a iglesias y museos y el tráfico ilegal de bienes, ayudando así a la policía, a las autoridades judiciales y aduanales en su trabajo, construyendo la atención del público y promoviendo la cooperación internacional para proteger la herencia cultural”.

Doctora en derecho, Kouropas señaló que “la Lista Roja ha sido diseñada como herramienta para ayudar a museos, negociantes de arte, coleccionistas, autoridades aduanales y oficiales policiacos en la identificación de objetos que puedan haber sido exportados ilegalmente”.

Debido a la enorme variedad de objetos, formas, estilos y periodos, la lista “no es exhaustiva, así que el origen y antigüedad deben ser analizados por expertos. Los objetos, casas de subastas, comerciantes del arte y coleccionistas son urgidos a no comprarlos y son invitados a reportar su presencia al país afectado, a su misión diplomática, a las autoridades locales y a la Interpol”.

La especialista en impulsar proyectos de protección a museos, como el de Kabul y Bagdad, en Irak, y de supervisar con fondos de investigación otros más, como el nuevo Museo de la Acrópolis, en Grecia, declaró a Proceso que era fundamental entender que la protección del patrimonio está ligada al desarrollo:

“Las problemáticas son múltiples, los hechos no son aislados, son muchos los que se aprovechan de los momentos de conflicto o crisis. El desarrollo es vital para proveer los recursos para la protección.”

Puso un ejemplo:

“En el caso de Grecia era muy importante proteger todos los vestigios que quedaran en la zona donde el gobierno griego proponía crear un museo. Así que en una franca cooperación internacional y con fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos se logró respetar el sitio, conservar el paisaje a través de la solicitud de apoyo para la excavación e investigación, culminando con la construcción del museo, que tiene una parte del piso hecha de vidrio para que se puedan apreciar claramente las ruinas que estaban enterradas.”

A pregunta expresa de qué puede hacer la ciudadanía cuando ve que hay fallas en el sistema de protección de las zonas arqueológicas, monumentos históricos y sitios declarados “patrimonio histórico de la humanidad”, respondió:

“Tienen que notificarlo de inmediato a las oficinas correspondientes en la UNESCO en Francia. Esa es la institución encargada de analizar lo que sucede. México firmó un tratado internacional y, bajo esa perspectiva, en el caso de haber alguna falla, las autoridades correspondientes se harán cargo.”

Por su parte la doctora Ye Zhu, directora de la División del Legado Cultural de la República Popular de China, voló durante 30 horas para llegar a México por primera vez y explicar cómo ha combatido su gobierno el tráfico ilícito de bienes culturales. Su exposición dejó fríos a los asistentes al revelar que al menos 30% de los que se trafican en el mundo son antigüedades chinas que fueron sacadas del país a finales del siglo XIX y principios del XX, básicamente como resultado del pillaje desatado por la Segunda Guerra del Opio, después por la ocupación de Beijing y finalmente por la invasión japonesa y la guerra civil.

A partir de 1949, con el advenimiento de la República Popular China, se establecieron penalizaciones severas y ocasionalmente la pena de muerte a quien saqueara, excavara o traficara con los bienes culturales de esa nación.

Por su parte el doctor Lawrence Kaye, responsable de haber devuelto a víctimas del Holocausto los tesoros robados por los nazis, explicó cuál es la práctica jurisdiccional en ese país, mientras que el doctor Jerôme Fromageu, rector de la Universidad Jean Monnet en París y codirector del Centro de Investigación sobre el Derecho del Patrimonio Cultural, habló sobre los códigos de ética profesional y su función en el mercado de arte en el combate contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Con participantes de Australia, Canadá, China, Corea, Chipre, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Perú y Yugoslavia, la conclusión del seminario corrió a cargo del doctor en derecho Mauro Bussani, quien dejó en claro que la aplicación de la ley y su adecuada interpretación serán primordiales en la forma de proteger los bienes culturales del mundo frente al comercio ilícito, que no es llevado a cabo por ladrones aficionados, sino casi de manera industrial por la delincuencia organizada.

Por: Rosario Manzanos

Tomado de: http://www.proceso.com.mx/?p=338373

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