jarron.pngFue una tarde de agosto de 2015. Yuber Segade tenía su hora de descanso como portero en un hotel y decidió aprovechar para ir al Museo de Artes Decorativas en el Palacio Taranco. Unos días antes se enteró por la revista Uruguay Natural que había una exposición de arqueología clásica. Pero no se trataba de un simple interés artístico.

Segade entró al Palacio Taranco y fue tanteando las vitrinas hasta que encontró una abierta. De ahí tomó un jarrón de unos 12 cm de altura, lo guardó en uno de sus bolsillos y se fue. Horas más tarde llegó a su casa y le comentó a su pareja lo ocurrido. Ella se molestó. Él guardó el jarrón unos meses y luego lo llevó a Zorrilla Antigüedades, una reconocida casa de remates, donde lo dejó a su nombre para subastar sin base.

No era la primera vez que Segade estaba involucrado en el robo de piezas artísticas. En 2005, por ejemplo, había sido procesado por receptación por el hurto de un cuadro de Juan Manuel Blanes, y en 2012 fue procesado por hurto por robar un sable y un poncho de Juan Antonio Lavalleja de la casona colonial que perteneció al jefe de los 33 Orientales.

Cuando ocurrió el robo en el Taranco se alertó a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y a Interpol. También se notificó del faltante de la pieza a la jueza penal de 16º turno, Julia Staricco. No hubo novedades del asunto hasta que, a mediados de año, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tomó conocimiento de un remate de piezas arqueológicas organizado por Zorrilla Antigüedades. “Los lotes —160 en total— que serán subastados dentro de las categorías fenicia-arcaica, fenicio-grecorromano, fenicio egipciante, grecorromano y culturas varias. Dentro de los diferentes estilos se podrán presentar ofertas por piezas de terracota y cerámica que representan diferentes figuras, como por ejemplo vasijas, lámparas, recipientes para esencias y bustos tanto femenino como masculino, entre otras opciones”, consignó en su momento la casa de remates en su página web, acompañado por imágenes de algunas de las piezas.

El MEC suele seguir ese tipo de informaciones vinculadas a remates, porque hay ocasiones en que le interesa ofertar por alguna pieza en particular. Fue entonces que se constató que uno de los objetos a rematar tenía similitudes con el jarrón robado hace dos años en el Taranco. Así notificaron a Interpol y citaron a las autoridades del museo. Después de analizar en detalle la pieza, una de las arqueólogas del MEC comprobó que era la pieza que faltaba. Era “un jarrón antiguo perteneciente a la Colección Andreoni, cuyo nombre es Lécito Egnatio, que data del siglo III AC, de unos 2.300 años de antigüedad”, consignó entonces el Ministerio del Interior en un comunicado titulado Operación: Lekythos.

“Ahí dimos cuenta a la doctora Staricco (que tuvo a su cargo el caso del robo en 2015). Hicimos una reunión de coordinación y llegamos a la conclusión de que debíamos postergar el remate”, dijo a galería Douglas da Silva, oficial principal de Interpol, que tiene a su cargo el Departamento de Delitos Especiales.

Hurtos y más hurtos. El hallazgo de esa pieza robada fue solo el inicio de una historia que tomó ribetes impensados. Cuando la Justicia consultó en la casa de remates sobre cómo había llegado ese objeto hasta el lugar, en Zorrilla dieron el nombre de Segade, de 42 años, que no había ocultado su identidad. Para sorpresa de todos, en ese momento él estaba preso en Colonia por un delito de hurto especialmente agravado. Y no había sido el único; sobre él pesaban al menos otros 14 antecedentes penales. Incluso, antes de llegar a Colonia, había estado preso en Rocha por otro robo.

Al ser conducido desde Colonia hasta la sede judicial montevideana, Segade admitió lo ocurrido en el Taranco. La jueza Staricco lo procesó con prisión por un delito de hurto, pero la pena recién se le aplicará una vez que cumpla con la sanción por el robo que lo llevó a la cárcel en Colonia.

Pero la historia del remate frustrado no termina ahí. Si el único problema hubiera sido el hallazgo de la pieza robada, esa se habría incautado y el resto de la subasta podría haber seguido su curso, explicó Da Silva. Sin embargo, al revisar el catálogo del remate se encontraron objetos arqueológicos de Siria, Líbano, Egipto, y mayas, “prohibidos a la venta”, agregó el oficial.

“Se constataba, por la propia documentación suministrada en el catálogo, su procedencia de zonas en conflicto y de sitios atacados y destruidos en el marco de acciones de guerra (por ej. Palmyra). Algunas de las certificaciones de autenticación de estas piezas estaban fechadas en diciembre de 2013 en la ciudad de Beirut (Líbano). Ante eso, se señaló la existencia de exhortos del gobierno sirio y de la Unesco que solicitan el apoyo a la comunidad internacional, y en especial a los países limítrofes con Siria, para evitar el sistemático expolio de sitios arqueológicos e históricos que asuelan a ese país desde 2011, controlando y evitando la salida de objetos patrimoniales hacia otras regiones del mundo”, consignó en un comunicado el Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, un organismo compuesto por representantes de distintas dependencias estatales creado este año, que trabaja en coordinación con países de la región (ver abajo).

Da Silva contó que las piezas extranjeras halladas no se pueden vender porque son Patrimonio de la Humanidad. “El Comité de Seguridad de la ONU sacó una resolución de que había que preservar las piezas de Líbano, Siria y todos los países que están bajo amenaza terrorista. Porque una de las formas de financiar (el terrorismo) es esa: hacen que destruyen un templo pero lo que hacen es saquearlo para financiar actividades. Por eso decidimos suspender el remate, para comunicarnos con Interpol y las embajadas”, agregó.

Fue entonces que la Justicia suspendió la subasta, cuyos lotes están ahora a resguardo de Interpol hasta que se expida la magistrada. La jueza Staricco dijo a galería que se trabaja junto a la Dirección Nacional de Aduanas para establecer de qué manera llegaron a Uruguay esos objetos, de dónde proceden, y si en los países de origen hay interesados en la devolución, pues existen normas internacionales que prohíben la comercialización de ese tipo de objetos.

La magistrada indicó que la subasta continúa suspendida hasta que se reciba ese informe de Aduanas y que está previsto citar a los responsables del remate para continuar con las indagatorias del caso. Los materiales incautados están en custodia de Interpol.

MEDIDAS A FUTURO. El episodio vinculado al frustrado remate de la pieza robada en el Taranco determinó que por primera vez actuara de manera institucional el Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Hasta ese momento, cuando llegaba una solicitud del exterior por una posible pieza robada, “se hacía lo que se podía” en Interpol o en Aduanas, que ponían en conocimiento de la situación al Sistema Nacional de Museos para que estuviera “en alerta” de lo ocurrido, contó a galería Nicolás Pons, director de Cooperación Internacional y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura, que desde este año encabeza el nuevo comité.

Desde que funciona este grupo se elaboraron protocolos de cómo actuar ante este tipo de situaciones y se empezaron a coordinar acciones de manera formal con países vecinos. “Uruguay ratificó la Convención de Unesco de Lucha y Prevención contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Por eso está comprometido a trabajar interna e internacionalmente contra este flagelo”, explicó Pons.

La Unesco entiende por “bienes culturales” aquellos bienes o inmuebles de importancia patrimonial para los pueblos. “En esa nómina se incluyen monumentos arquitectónicos, artísticos, históricos, seculares, arqueológicos, manuscritos, todo tipo de patrimonio entendido como bien cultural”, dijo el jerarca. Hasta ahora, Uruguay tiene un inventario de los bienes patrimoniales que forman parte de sus museos, pero el objetivo del comité es, en los próximos meses, elaborar una base de datos nacional, detallando específicamente aquellos que fueron robados. “Si no tenemos esa información, mal podemos proceder a buscar formas de recuperación”, explicó.

Pons agregó que “para adelante”, se debe legislar sobre este tema en particular. Por ejemplo, explicó, las casas de remates deben ser las “principales aliadas” del comité en este asunto. “Es importante que quienes trabajan en el ramo tengan la seguridad de que los bienes que tienen circulan de la manera que tienen que circular, y que las ventas se hagan en condiciones autorizadas”, indicó. Por ejemplo, dijo Pons, es necesario que se exija que las piezas tengan certificados de origen para hacer remates. “Que se pueda demostrar que se adquirió la pieza de manera lícita al momento de venderla”, explicó.

Sobre los cambios en la legislación, Pons mencionó la necesidad de que se cree una figura delictiva relacionada con el robo de bienes culturales. “Hoy la pena por un objeto (bien cultural) robado es igual a la de un hurto. Como si robaran un reloj o un celular. Tenemos que avanzar en la legislación para generar una categoría que nos permita identificar, con algún agravante, el robo de obras de arte”, explicó.

Pons indicó que, si bien este no es el caso, se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones el tráfico ilícito de obras de arte, al igual que el de armas y de drogas, se usa a escala mundial para blanquear dinero, por lo que se debe atender con especial cuidado el tema.

UN REMATE SUSPENDIDO

La versión de Zorrilla Antigüedades acerca de cómo se dio la suspensión del remate es diferente a la que dieron a galería las fuentes consultadas a nivel judicial y de los Ministerios de Educación y del Interior. Sebastián Zorrilla, de la casa de remates, dijo que se comunicaron con él desde Interpol para anunciarle que le iban a devolver las piezas incautadas, lo que le permitiría hacer el remate en los próximos días. Esa información no coincide con la que dieron las demás fuentes.

Zorrilla dijo también que la suspensión del remate no tuvo que ver con la pieza robada en el Museo Taranco, sino que se trató de algo “secundario”. “El remate se frena porque era transmitido a nivel internacional por una página, Invaluable, que es una plataforma de remates. El remate empieza a tomar un vuelo importantísimo. Nos llamaban clientes de Estados Unidos, Rusia, Argentina, Brasil. Esa difusión internacional hizo que se enteraran los gobiernos de Rusia, Egipto y España, que hicieron un pedido de información a Interpol”, explicó.

Según Zorrilla, esa solicitud de Interpol internacional a Interpol Uruguay para ver cómo habían llegado esas piezas al país, surgió muy cerca de la fecha prevista para el remate y eso determinó que la jueza, “como medida preventiva”, lo suspendiera. “Ahí surge la piecita esta, que había traído este señor, que la había robado a 20 cuadras de acá. Lo increíble es que la pone a remate público, sin base y a su nombre. Es una cosa insólita”, agregó.

Por otra parte, Zorrilla criticó que las autoridades del Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales no se hayan comunicado con las casas de remates para notificarles de la creación de ese organismo. “Quienes somos los principales protagonistas de esto, las casas que vendemos estas piezas, ni sabíamos que se había formado este comité”, agregó.

Cuando galería le preguntó cómo habían llegado a la casa de remates las piezas que componían ese remate suspendido, respondió: “La mayoría de estas piezas llegaron por distintos diplomáticos. Nosotros teníamos unos siete remitentes, dos eran grupos grandes de diplomáticos, y dos piezas más de un diplomático que estuvo en Europa”.

Zorrilla dijo que se trató fundamentalmente de diplomáticos que compraron esas piezas en las décadas de los 60 y 70, aunque había algunas adquisiciones más recientes. “El 90% de las piezas eran de embajadores” uruguayos en el exterior, agregó.

UN NUEVO COMITÉ

El Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales fue creado por decreto del gobierno el 13 de febrero de 2017. Está integrado por tres representantes del Ministerio de Educación y Cultura (uno de la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos, otro de la Dirección Nacional de Cultura, y un tercero de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación); uno de la Dirección Nacional de Aduanas; uno del Ministerio del Interior; otro de la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno del Congreso de Intendentes.

De acuerdo con el decreto, el grupo de trabajo tiene como cometido “elaborar estrategias conjuntas para disminuir y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales”, “garantizar la protección de los bienes culturales” y promover medidas para cumplir con esos fines.La creación del comité fue resuelta a partir de una reunión del Consejo Sudamericano de Cultura de la Unasur, donde los países del bloque resolvieron unir esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. “Entre las recomendaciones, surgió la necesidad de que todos los países tuvieran una autoridad nacional enfocada en eso”, dijo a galería Nicolás Pons, director de Cooperación Internacional y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura, quien encabeza el nuevo comité.

 

Por: Elena Risso

Tomado de: http://www.busqueda.com.uy/nota/un-remate-un-jarron-y-una-trama-internacional